*El expediente entre los empresarios Castilla Roche y Ponce García llega al punto de no retorno
*El caso está bajo seguimiento de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, la SCJN y la CNDH
De la redacción
A horas de que el Tribunal Colegiado Primero de Enjuiciamiento emita su resolución —lunes 18 de agosto, 17:00 horas—, el expediente entre los empresarios Castilla Roche y Ponce García llega al punto de no retorno. 
No es un asunto local: el desenlace podría irradiar a todo el país al poner a prueba cómo se aplican la prescripción penal, la validez de un poder notarial y el peso real de testimonios sin sustento material.
El caso está bajo seguimiento de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la CNDH, además de medios nacionales.
Qué está en juego en Yucatán Más que un pleito entre particulares, aquí se decide si la justicia hace valer reglas básicas: no se puede perseguir un caso fuera de tiempo, no se puede desconocer un poder notarial vigente y no se puede condenar con dichos que no están respaldados por pruebas y con contradicciones claras. Si el tribunal sostiene esos principios, dejará un precedente que refuerce la seguridad jurídica para todos los Yucatecos y Mexicanos.
El reloj legal del caso.
La cronología asentada en el expediente es contundente: la primera denuncia se presentó en Quintana Roo el 18 de septiembre de 2013; la querella en Yucatán ingresó el 15 de junio de 2015. Para entonces, el plazo de un año había vencido el 18 de septiembre de 2014.
La normativa local ordena que, agotado el término, los jueces reconozcan la prescripción de oficio, sin necesidad de petición de parte, en cualquier etapa del proceso. Si ese cómputo se confirma, la acción penal habría quedado extinguida.
Un poder vigente y Testimonios bajo la lupa Otro punto vertebral es el poder para actos de dominio (2004) que amparó las operaciones controvertidas.
Su vigencia no sólo se documentó con constancias notariales: la Dirección General de Notarías de Quintana Roo, vía Oficio SEGOB/SAJ/DGN/1884/2018, reportó ausencia de revocación registrada. De sostenerse, ese elemento desactiva la hipótesis de una representación inexistente y mantiene la eficacia de los actos celebrados bajo dicho mandato.
En audiencia, los dichos de cargo quedaron atravesados por contradicciones y carencia de respaldo documental o material. Con ese panorama, el estándar para desvirtuar la presunción de inocencia se vuelve más exigente: el tribunal deberá explicar si las declaraciones, por sí solas, satisfacen el umbral probatorio o si resultan insuficientes.
Un expediente ganado en otro estado en 3 instancias
El expediente arrastra un historial con resoluciones favorables a Castilla Roche en tres instancias en Quintana Roo. En Yucatán, en cambio, se reabrió la discusión con un argumento atípico de competencia territorial —que el supuesto delito “se planeó en un avión” sobrevolando la entidad—, circunstancia que refuerza la necesidad de una motivación reforzada sobre prescripción y validez del poder en la sentencia.
Hechos a la vista del Tribunal
En términos sencillos, el caso se define por tres hechos que llevan al mismo resultado: el tiempo legal ya venció y la acción penal prescribió; las operaciones se realizaron con un poder notarial válido y vigente; y las acusaciones no están respaldadas por documentos sino por testimonios que se contradicen.
Si el tribunal atiende esos puntos, lo consistente en derecho es fallar que no se puede condenar fuera de tiempo, no se puede desconocer un mandato que estaba vigente y no se puede desvirtuar la presunción de inocencia con pruebas endebles.
Un resultado con impacto mas allá de Yucatán Si el tribunal reconoce la prescripción conforme a derecho y pondera la validez del poder junto con la insuficiencia de prueba material, enviará un mensaje de seguridad jurídica y previsibilidad. Si, por el contrario, minimiza esos elementos sin argumentación sólida, se abrirá paso a impugnaciones y a un debate nacional sobre debido proceso y estándares probatorios.
En cualquiera de los escenarios, con la Presidenta, la SCJN y la CNDH observando, el fallo operará como referencia sobre los límites del derecho penal ante controversias intrafamiliares que podrían ventilarse por otras vías.
Con el cierre del debate probatorio y la deliberación inminente, lo que hoy decida el colegiado no solo resolverá un litigio entre dos empresarios; también dirá qué tan firmes son las reglas que protegen a cualquier ciudadano frente a procesos fuera de tiempo, mandatos notariales desconocidos y pruebas endebles. Ese es, en rigor, el alcance nacional del veredicto que está por conocerse.
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