*La gobernadora de Chihuahua llegó a la CDMX para comparecer ante el MP sobre el caso de la presencia de agentes de la CIA durante un operativo en que se desmanteló un narco laboratorio, pero únicamente entregó un escrito porque está en su derecho a no declarar
*Maru Campos ha demostrado que en su caso se pretende aplicar un autoritarismo disfrazado de justicia
*Dice que el citatorio que le enviaron para presentarse a declarar, busca fabricarle un caso y acusa trato desigual frente a los otros funcionarios de Sinaloa
*SSPC aclara que Rocha Moya no cuenta con ficha roja de la Interpol, como aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum
PLUMA FUENTE
JUAN BERMÚDEZ
La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván 
acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México para responder formalmente al citatorio emitido dentro de la carpeta de investigación FED/FEILC/FEILC-CHIH/000051/2026 que fue iniciada por el caso de la presencia de agentes de la CIA en un operativo donde se localizó y desmanteló un narco laboratorio en el municipio de Morelos.
acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México para responder formalmente al citatorio emitido dentro de la carpeta de investigación FED/FEILC/FEILC-CHIH/000051/2026 que fue iniciada por el caso de la presencia de agentes de la CIA en un operativo donde se localizó y desmanteló un narco laboratorio en el municipio de Morelos.Maru Campos ha dejado en claro que no compareció para rendir entrevista en calidad de testigo ni para someterse a ningún acto de investigación personal. Y únicamente se limitó a entregar un escrito.
del senador morenista Javier Corral.
Además, objetó la legalidad del citatorio, ya que no especifica formalmente el motivo del requerimiento y la ley exceptúa a los gobernadores de la obligación de comparecer ante la autoridad ministerial. Lo mismo seguramente hará con la cita que tiene el próximo viernes 29 de mayo en la sala de oralidad 8 del Poder Judicial de la CDMX, ubicada en el Circuito Javier Piña y Palacios s/n colonia San Mateo, alcaldía Xochimilco,
por la denuncia de secuestro –la cual ya es improcedente- que tiene por parte
del senador morenista Javier Corral.Con esta acción, mis estimados ciber lectores, la mandataria estatal dio un tremendo revés a la instancia a cargo de Ernestina Godoy Ramos y ha demostrado que en su caso se pretende aplicar un autoritarismo disfrazado de justicia y que el citatorio que le enviaron para presentarse a declarar, busca fabricarle un caso y acusa trato desigual frente a los otros funcionarios de Sinaloa.
A través del oficio 057-2026 DESP. GOB. CHIH., dirigido al agente del Ministerio Público Federal Julio César Jaimes Carmona, la mandataria estatal sostuvo que el documento mediante el cual fue citada presenta irregularidades jurídicas, al considerarlo “ambiguo, internamente incongruente y carente de la debida fundamentación y motivación”.
En el escrito entregado este 27 de mayo, Campos Galván argumentó que su presencia en la dependencia federal tuvo como finalidad únicamente responder de manera puntual al oficio de citación y dejar constancia de su disposición a colaborar institucionalmente con cualquier investigación que realice la autoridad federal, pero sin que ello implique aceptar una diligencia que, a su juicio, contraviene el marco constitucional.
En el documento precisó que su comparecencia no representa una renuncia a derechos ni un sometimiento al régimen ordinario de la prueba testimonial, al insistir en que la investidura constitucional que ostenta le otorga protección frente a actos de investigación de carácter personal mientras permanezca en funciones.
En ese sentido, fundamentó su postura en el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece como regla general la obligación de cualquier persona de comparecer ante el Ministerio Público cuando sea citada, aunque contempla excepciones para servidores públicos señalados en el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La titular del Ejecutivo estatal afirmó que, como gobernadora constitucional de Chihuahua 
se encuentra dentro de las excepciones previstas por dicho artículo constitucional, por lo que sostuvo que el Ministerio Público carece de atribuciones para someterla a actos de investigación personal mientras subsista la inmunidad constitucional inherente al cargo.
se encuentra dentro de las excepciones previstas por dicho artículo constitucional, por lo que sostuvo que el Ministerio Público carece de atribuciones para someterla a actos de investigación personal mientras subsista la inmunidad constitucional inherente al cargo.
Campos Galván enfatizó que esa excepción no constituye simplemente una dispensa procesal para evitar comparecer, sino una auténtica “regla de competencia” destinada a proteger el funcionamiento institucional y la independencia entre órdenes de gobierno.
“La excepción del artículo 90 del Código Nacional no protege a la persona, sino a la función”, expuso en el documento, donde además sostuvo que la investidura del Ejecutivo estatal restringe cualquier imposición de actos de molestia personal por parte del Ministerio Público o incluso de órganos jurisdiccionales mientras no exista un levantamiento de la protección constitucional.
La mandataria argumentó también que el propio Código Nacional de Procedimientos Penales contempla un régimen especial para gobernadores incluso en la etapa de juicio, donde la obligación de declarar alcanza su mayor intensidad, por lo que consideró contradictorio que se pretenda imponer una comparecencia personal en una fase de investigación previa.
Bajo esa lógica, indicó que si el sistema jurídico prevé mecanismos sustitutivos de declaración para titulares del Ejecutivo durante un juicio, con mayor razón debería respetarse dicha protección durante una etapa de investigación ministerial.
Además de cuestionar la competencia de la autoridad para citarla personalmente, la gobernadora criticó la redacción y contenido del oficio ministerial, al señalar que no especifica claramente los hechos que motivan la diligencia ni el objetivo concreto de la entrevista.
De acuerdo con el escrito, el citatorio omitió precisar si la información requerida corresponde a documentación institucional, datos oficiales del Gobierno del Estado, información de contexto o posibles conductas atribuibles directamente a su persona.
Campos Galván sostuvo que la citación incurre además en contradicciones jurídicas al invocar simultáneamente disposiciones aplicables a testigos y otras relacionadas con personas imputadas, incluyendo referencias al derecho de defensa.
Según explicó, el documento mezcla figuras legales incompatibles entre sí, como la colaboración institucional entre autoridades, la entrevista testimonial y los actos de investigación con potencial contenido incriminatorio.
Afirmó que esa confusión no es menor, ya que podría derivar en una diligencia “materialmente preimputativa” encubierta bajo la apariencia de una entrevista ministerial.
“La compareciente queda colocada en riesgo de una diligencia materialmente preimputativa, encubierta bajo la fórmula de una entrevista”, señala el texto entregado a la autoridad federal.
La gobernadora agregó que dicha situación no solo afecta su esfera jurídica personal, sino también las garantías institucionales y constitucionales asociadas al cargo que actualmente desempeña.
Pese a los señalamientos realizados contra el citatorio, Campos Galván reiteró en diversas ocasiones su disposición política e institucional para colaborar con las investigaciones que realice la Fiscalía General de la República.
No obstante, indicó que cualquier requerimiento de información debe canalizarse mediante los mecanismos legales de colaboración institucional previstos tanto en el Código Nacional de Procedimientos Penales como en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
En ese contexto, sostuvo que si la autoridad federal requiere información del Gobierno del Estado de Chihuahua, el procedimiento correcto consiste en formular solicitudes específicas, fundadas y motivadas, precisando claramente la documentación, información o apoyo requerido.
La mandataria subrayó que ese esquema de colaboración entre autoridades es el que regularmente se utiliza en investigaciones de esta naturaleza y consideró improcedente que se busque citar personalmente al titular del Poder Ejecutivo estatal como parte de un acto de investigación.
Dentro de los petitorios presentados ante la FGR, la gobernadora solicitó formalmente que se tenga por presentada en tiempo y forma su respuesta al citatorio emitido el pasado 22 de mayo de 2026.
Asimismo, pidió declarar improcedente cualquier intento de recabar su entrevista “en cualquier modalidad de comparecencia y calidad”, así como la realización de actos de investigación de carácter personal en su contra mientras continúe vigente su investidura constitucional.
De igual manera, reiteró que existe plena disposición para atender requerimientos institucionales relacionados con información o documentación oficial del Gobierno del Estado de Chihuahua.
En la parte final del documento, Campos Galván aseguró que acudió personalmente a responder el oficio como muestra de apertura y cooperación, aunque señaló que ahora corresponde a la representación social federal decidir entre privilegiar la coordinación institucional o insistir en una diligencia que, desde su perspectiva, “el propio orden constitucional no autoriza”.
“Acudo, respondo y reitero mi plena disposición a colaborar por las vías que la ley establece. Corresponde ahora a esta Representación Social elegir entre la cooperación institucional o la persistencia en una diligencia que el propio orden constitucional no autoriza. Confío en que prevalecerá el Derecho”, concluye el oficio firmado por la gobernadora de Chihuahua.
El documento fue enviado con copia a Ernestina Godoy Ramos,
titular de la Fiscalía General de la República, quien seguramente hizo el berrinche más grande de su vida y estará preocupada por la tremenda “cagotiza” y las mentadas de madre que le va a propinar la histérica y bipolar de Claudia Sheinbaum Pardo en las próximas horas. ¡Hasta ahí la dejamos!
titular de la Fiscalía General de la República, quien seguramente hizo el berrinche más grande de su vida y estará preocupada por la tremenda “cagotiza” y las mentadas de madre que le va a propinar la histérica y bipolar de Claudia Sheinbaum Pardo en las próximas horas. ¡Hasta ahí la dejamos!APUNTES FIDEDIGNOS
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aclaró, por medio de un comunicado, que el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya,
no cuenta con ficha roja de la Interpol, como dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el pasado jueves 21 de mayo.
no cuenta con ficha roja de la Interpol, como dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el pasado jueves 21 de mayo.“La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informa que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no cuenta con Notificación Roja emitida por la Interpol”, señaló la dependencia.
Se explicó que tras realizar las consultas correspondientes con las instancias nacionales e internacionales competentes, se confirmó que no existe ninguna notificación en su contra.
Esto, luego de que el pasado jueves 21 de mayo, durante la conferencia de prensa matutina, se le cuestionara a la mandataria si habían salido del país el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y los otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa acusados por Estados Unidos de tener nexos con el crimen organizado. ¡¡¡¡SEGUIREMOS INFORMANDO!!!!
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