*Junto con el ministro Arístides Rodrígo Guerrero García, mantiene actualmente una nómina de 184 asesores y colaboradores con “jugosos” salarios
*Ambos cuentan con más de 90 integrantes en sus equipos de trabajo, con remuneraciones que, en algunos cargos, alcanzan los 124 mil pesos mensuales
*La oficina de Lenia Batres contaba con 79 plazas y durante aproximadamente diez meses se incorporaron 15 nuevos puestos; ella y Arístides son los que tienen más colaboradores y con la nómina más alta
*Corte de Chicago pospone la audiencia de Ovidio Guzmán López para el 28 de octubre
PLUMA FUENTE
JUAN BERMÚDEZ
Mis queridos ciber lectores, les comento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantiene actualmente 184 asesores y colaboradores distribuidos entre las ponencias de la ministra Lenia Batres Guadarrama y del ministro Arístides Rodrigo Guerrero GarcíaLenia Batres y Arístides Guerrero, ministros de la corrupción (foto cortesía de Buhopenal.com)
, quienes han mostrado sus dotes como maestros del engaño y la corrupción.
Miren ustedes, de acuerdo con una interesante investigación que realizó el portal buhopenal.com ambos equipos cuentan con más de 90 integrantes cada uno, con remuneraciones que, en algunos cargos, alcanzan los 124 mil pesos mensuales.
La información adquiere relevancia porque las ponencias constituyen el núcleo técnico encargado de elaborar los proyectos de sentencia que posteriormente son sometidos a discusión y votación del Pleno de la Suprema Corte, por lo que la integración de estos equipos tiene incidencia directa en el funcionamiento del máximo tribunal del país.
Según la información publicada, por dicho medio digital, la ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama está integrada por 94 servidores públicos, entre secretarios de Estudio y Cuenta, secretarios adjuntos, coordinadores, auxiliares y personal administrativo.
El reporte señala que, al inicio de la actual integración de la Corte, la oficina contaba con 79 plazas, por lo que durante aproximadamente diez meses se incorporaron 15 nuevos puestos.
Entre los perfiles mencionados se encuentra Netzaí Sandoval Ballesteros, quien coordina la ponencia y percibe un salario cercano a 124 mil 686 pesos mensuales. Asimismo, se identifica a Humberto Jardón Pérez, exdirector jurídico del Gobierno de la Ciudad de México durante la administración de Martí Batres, y a Iván David González Chávez, quien anteriormente laboró en la Fiscalía General de la República.
Estos antecedentes corresponden a la trayectoria profesional de los funcionarios y no implican, por sí mismos, irregularidad alguna en su designación.
Por su parte, la ponencia del ministro Arístides Rodrigo Guerrero García está integrada por 90 colaboradores, de acuerdo con el mismo directorio institucional.
La coordinación de la oficina está a cargo de Berenice García Huante, quien posee experiencia dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y anteriormente participó como aspirante a magistrada de Sala Regional.
El reporte también refiere que forma parte del equipo Cristian Edgar Guerrero Flores, conocido en redes sociales como “Cristian Magazo”, quien anteriormente colaboró con el entonces ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea en labores relacionadas con comunicación digital y actualmente ocupa un cargo de asistencia de gestión y seguimiento.
De acuerdo con los datos disponibles, las restantes ponencias de la Suprema Corte presentan la siguiente integración:
Yasmín Esquivel Mossa: 83 colaboradores.
María Estela Ríos González: 75.
Loretta Ortiz AHLF: 74.
Giovanni Azael Figueroa Mejía: 71.
Sara Irene Herrerías Guerra: 64.
Irving Espinosa Betanzo: 61.
La detallada investigación de Buhopenal.com señala que, en contraste, la ponencia del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz registra únicamente nueve colaboradores directos; sin embargo, la Secretaría General de la Presidencia cuenta con aproximadamente 92 servidores públicos encargados de funciones técnicas y administrativas.
Las ponencias son equipos técnicos especializados cuya principal responsabilidad consiste en elaborar proyectos de resolución para los asuntos que conoce la Suprema Corte.
Los secretarios de Estudio y Cuenta realizan investigación jurídica, analizan expedientes, revisan precedentes nacionales e internacionales y preparan proyectos de sentencia que posteriormente pueden ser modificados, aprobados o rechazados por los ministros durante las sesiones públicas.
Aunque el proyecto es elaborado por la ponencia, la decisión final corresponde exclusivamente al Pleno o, en su caso, a las Salas de la Suprema Corte.
La integración y tamaño de las ponencias forma parte de la organización administrativa del Poder Judicial de la Federación y responde a las necesidades operativas de cada oficina.
El artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce la autonomía e independencia del Poder Judicial, mientras que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece la estructura administrativa que permite a los órganos jurisdiccionales desarrollar sus funciones.
La contratación del personal de apoyo constituye una facultad administrativa institucional, siempre que se realice conforme al marco jurídico aplicable, los presupuestos autorizados y los procedimientos establecidos por la normativa interna.
Por otra parte, el principio constitucional de transparencia y rendición de cuentas, previsto en los artículos 6 y 134 constitucionales, permite que la ciudadanía conozca la integración de estas oficinas, las remuneraciones públicas y la utilización de recursos destinados al funcionamiento del máximo tribunal.
Hasta el momento, la información difundida corresponde a la composición administrativa de las ponencias y no existe pronunciamiento oficial que indique la apertura de investigaciones o procedimientos relacionados con la integración de estos equipos.
El tema podría generar análisis en materia de administración judicial, transparencia, eficiencia institucional y uso de recursos públicos, particularmente en el contexto de la renovación reciente de la Suprema Corte y de la transformación del Poder Judicial de la Federación.
Para abogados, litigantes, académicos y estudiantes de Derecho, la estructura de las ponencias resulta especialmente relevante porque estos equipos participan en la elaboración técnica de los proyectos de sentencia que, eventualmente, pueden convertirse en precedentes obligatorios para todos los tribunales del país.
Mis estimados y bien peinados ciber seguidores, por lo visto, la “ministra del pueblo”, Lenia Batres Guadarrama, no sólo miente en su Currículum Vitae al asegurar que tiene tres maestrías y dos doctorados, todos ellos según ella, cursados casi al mismo tiempo, sino que también ha mostrado sus dotes como maestra de la corrupción, como lo son casi todos los morenistas. ¡Hasta ahí la dejamos!
APUNTES FIDEDIGNOS
En otro orden de ideas, les comento que un tribunal federal de Chicago pospuso la audiencia de estatus presencial de Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, que estaba programada para el 27 de julio de 2026.
La jueza Sharon Johnson Coleman canceló la comparecencia y la reprogramó para el 28 de octubre de 2026 a la 1:30 PM.
El movimiento quedó registrado en el expediente el 16 de julio de 2026 como parte del caso 1:09-cr-00383, que se lleva en el Distrito Norte de Illinois, División Este. El documento fue revelado este 17 de julio. ¡¡¡¡SEGUIREMOS INFORMANDO!!!!
está integrada por 94 servidores públicos, entre secretarios de Estudio y Cuenta, secretarios adjuntos, coordinadores, auxiliares y personal administrativo.
registra únicamente nueve colaboradores directos; sin embargo, la Secretaría General de la Presidencia cuenta con aproximadamente 92 servidores públicos encargados de funciones técnicas y administrativas.
, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, que estaba programada para el 27 de julio de 2026.
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