Sonora ¡Bajo El Yugo Del Narco!

Y a propósito de esa “nueva figura”, varias denuncias penales y administrativas fueron presentadas en contra de la regidora del partido Movimiento Ciudadano y ex militante de Morena en esta localidad, Gloria Rebeca Ching Hurtado Galaviz,

por su presunta relación con el crimen organizado, actos de difamación, amenazas y violencia de género.

Ante este negro panorama, cabe resaltar que un sobrino de la regidora ex morenista, conocido como “El Comandante Charles” con tan solo 20 años de edad,

fue asesinado a balazos durante un enfrentamiento con otros grupos delictivos. 

Una investigación del diario Los Ángeles Times puso al descubierto lo que algunos medios de comunicación en México habían reportado desde el año 2025: Alfonso Durazo y Américo Villarreal, gobernadores de Sonora y Tamaulipas respectivamente, ya no contaban con visas estadounidenses vigentes.

El medio californiano fue enfático al referir que, tanto Durazo como Villarreal, ya no tenían en su poder el documento que les permitía viajar a un puerto de entrada, aeropuerto o cruce fronterizo terrestre del país vecino; sin embargo, sí contaban con un parole, es decir, un “permiso humanitario” o de “beneficio público significativo”.

Este “permiso especial” no solo se brinda a ciudadanos extranjeros que ingresan temporalmente a Estados Unidos en calidad de “refugiados”, tal es el caso de personas que huyen de gobiernos totalitarios –o dictaduras– como los de Cuba, Haití, Nicaragua o Venezuela; sino también para personas que “representan un interés o beneficio público para el Gobierno de Estados Unidos”.

Y en este último punto, son incluidos los testigos que cooperan en investigaciones judiciales en curso realizadas por agencias de seguridad norteamericanas. Cabe mencionar que, ambos gobernadores en funciones, podrían estar vinculados a actividades delictivas con grupos del crimen organizado, entre ellos, el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Noreste; por mencionar solo algunos.

En el caso específico de Durazo, se tiene conocimiento que su visa habría sido revocada el año pasado; sin embargo, viaja de forma regular a Estados Unidos para recibir tratamiento médico especializado. Cabe mencionar que, el gobernador sonorense ingresa por una puerta especial en un cruce fronterizo específico y es custodiado por elementos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CPB, por sus siglas en inglés) e, incluso, por un agregado del Buró Federal de Investigaciones (FBI) o de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

Desde su llegada a Estados Unidos y su retorno a México, Durazo es custodiado por elementos del orden. Nunca viaja solo. Tiene limitados los estados y/o ciudades que puede visitar bajo autorización expresa del gobierno de Donald Trump, según detalló en exclusiva un agente norteamericano para esta investigación.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han revelado a qué estado de la Unión Americana viaja Durazo, ni tampoco a qué centro médico es turnado bajo el estricto esquema de libertad condicional por beneficio público.

El funcionario público estaría aportando datos acuciosos en torno a la red criminal que opera con la venia de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y funcionarios de alto nivel de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar).

Ambos gobernadores han salido a desmentir las acusaciones de Los Ángeles Times y han tildado la publicación de difundir “acusaciones falsas” y “carente de fuentes”. Asimismo, ninguno de los mandatarios ha mostrado públicamente su visa estadounidense, ya que, en palabras de Durazo, “no me veo mostrando mi visa para demostrar a un periodista sin fuente que tengo mi visa vigente”.

Estado fragmentado

Contrario a lo que establecen los políticos a nivel local y federal en el discurso oficial, Sonora es uno de los enclaves geográficos más disputados por los grupos del crimen organizado. Su colindancia con las ciudades de San Luis, Lukeville, Sasabe, Nogales, Naco y Douglas, en Arizona, convierten a la entidad mexicana en un mercado que no solo provee estupefacientes, sino que también se dedica con ahínco al tráfico de migrantes, contrabando de combustible, trata de personas, tala y minería ilegal y una vasta gama de delitos.

En lo que respecta al narcotráfico, documentos de inteligencia de la Sedena consultados por este medio, detallaron que existen al menos siete cárteles de la droga que se disputan el control territorial de Sonora, los cuales han sufrido las consecuencias de una fragmentación interna del Cártel de Sinaloa desde el 9 de septiembre de 2024, cuando estalló la guerra entre Los Chapitos y La Mayiza luego del secuestro y asesinato de Ismael “El Mayo” Zambada y Héctor Melesio Cuén Ojeda, respectivamente.

Los Chapitos: Al menos hasta 2022, cuando fueron elaborados los informes de inteligencia de la Sedena, esta escisión del Cártel de Sinaloa –actualmente comandada por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar– tenía presencia en 26 municipios de Sonora y controlaban las zonas denominadas de “alto valor” para el mercado lucrativo de las drogas. En 2024, luego de su alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), es altamente probable que haya logrado mayor expansión.

Cártel de Caborca: A pesar de las múltiples capturas o abatimientos, la organización fundada por Rafael Caro Quintero –hoy preso en Estados Unidos– mantiene presencia en el desierto de Caborca y ha evitado su extinción a través de la alianza, aunque incipiente, con células locales. El control que algún día tuvieron del Golfo de California lo han perdido a pasos agigantados.

Los Rusos: La organización es liderada por Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, por quien las autoridades norteamericanas ofrecen una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a su captura y eventual condena. Su principal zona de operación es en los límites de San Luis Río Colorado, en Sonora, y la cual colinda con Yuma, en Arizona. Hasta antes de la entrega de “El Mayo” Zambada a Estados Unidos, “El Ruso” contaba con el apoyo incondicional de su organización delictiva; actualmente, la relación con su heredero, Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”, por momentos es tensa, aunque con un buen nivel de entendimiento en el hampa.

La Plaza: Se trata de un brazo armado del Cártel de Caborca que, tras la captura y abatimiento de sus principales líderes, decidió unirse al cártel de Los Chapitos para no sufrir los embates de la guerra fratricida.

Los Cazadores / Los Gideli: Son consideradas por las áreas de inteligencia de la Sedena como los brazos armados o ejecutores al servicio de Los Chapitos. El epicentro de su violencia fue ubicado, al menos en el año 2022, en la región de Altar, donde controlan una parte de la zona norte del estado.

Los Salazar: Así como Los Chapitos cuentan con un ala violenta en su estructura criminal, La Mayiza tiene como socios y aliados a Los Salazar. Se trata de un grupo que tiene como bastión la ciudad sonorense de Navojoa y que controla la zona sur de la entidad. Se trata de un grupo nutrido de capos dedicados al trasiego de drogas, al afianzamiento de redes criminales del otro lado de la frontera e, incluso, a la expansión del “Mayito Flaco”. En años recientes, se han convertido en la sombra de Zambada Sicairos.

La Línea: Se trata de un grupo que es considerado como uno de los remanentes del Cártel de Juárez que, al igual que La Plaza, trabajaba muy de cerca con el Cártel de Caborca en los municipios serranos que están cercanos a Chihuahua. De acuerdo con la Sedena, serían los responsables de bloquear las rutas de trasiego de drogas de sus rivales a través de la Sierra Madre Occidental.

Cabe mencionar que, la mayoría de estos grupos, se benefician de la orografía sonorense para escabullirse de las autoridades de la sierra con la ayuda de vehículos todo terreno, así como las decenas de pistas clandestinas construidas en grandes elevaciones.

Semillero de la corrupción

En 2025, investigaciones periodísticas publicadas por Proyecto Puente, uno de los medios más influyentes de Sonora, revelaron que, durante los primeros cuatro años de la administración de Alfonso Durazo, se documentaron al menos seis presuntos casos de corrupción que involucran al propio mandatario y a su círculo más cercano, los cuales incluyen obras públicas, recursos públicos y contratos con empresas vinculadas a figuras de la política nacional.

El primero caso con severas irregularidades es el embovedado ubicado en la Avenida Tecnológico de Nogales. Se trata de una construcción que, en ingeniería hidráulica, se refiere a la acción de cerrar o canalizar un río, arroyo o cualquier afluente de agua subterráneo mediante muros y con una cubierta arqueada. En este caso, una bóveda que encauce el agua pluvial y, con ello, evite inundaciones.

Durante el verano de 2025, dicha construcción presentó graves fallas estructurales, provocando que no funcionara de manera óptima. Esto a pesar de que la empresa encargada de la obra recibió cerca de 300 millones de pesos del gasto público y, hasta ese momento, no había una observancia clara en la rendición de cuentas.

Por si fuera poco, esta última obra tenía vínculos documentados con Adán Augusto López Hernández,

exsecretario de Gobernación, excontendiente a la Presidencia de México en 2018 y actual senador de la República, que ahora “ya no acostumbra a dar declaraciones” cuando lo intentan entrevistar los medios periodísticos sobre temas como su presunto liderazgo del grupo criminal “La Barredora”.

A través de diferentes cambios de razón social y participación de distintos operadores políticos en su asamblea de accionistas, la gente cercana al denominado “Grupo Tabasco” pudo haberse beneficiado de este megaproyecto.