• Lola Carrillo Leal, nieta de la icónica cantante mexicana, comparece en la FGJCDMX como víctima indirecta junto con su hijo de cuatro años
• Exige que los propietarios del bar “El Bandazo” paguen de manera inmediata la reparación integral del daño derivado del homicidio y las lesiones causadas.
•Los abogados de Lola Carrillo emplazan formalmente a la Alcaldía Cuauhtémoc para que fije su postura ante el Ministerio Público por permitir que el bar siguiera operando y con licencias vencidas
*Alessandra Rojo de la Vega, será convocada por Clara Brugada para que explique los motivos por los que ha aumentado la inseguridad en la alcaldía Cuauhtémoc
De la redacción
Lola Carrillo Leal,
nieta de la legendaria intérprete de música ranchera Lola Beltrán, exigió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), que se reabra el caso del ataque armado ocurrido en el bar “El Bandazo” en 2024, durante el cual, falleció su esposo identificado como Christian Olivera cuando celebraba su cumpleaños y otras personas resultaron lesionadas de gravedad.
nieta de la legendaria intérprete de música ranchera Lola Beltrán, exigió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), que se reabra el caso del ataque armado ocurrido en el bar “El Bandazo” en 2024, durante el cual, falleció su esposo identificado como Christian Olivera cuando celebraba su cumpleaños y otras personas resultaron lesionadas de gravedad.Presentó una ampliación de denuncia formal sobre el caso, ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y anunció que, dentro de ese trámite, solicitó la comparecencia de la alcaldesa en Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, para que explique por qué incurrió en omisiones y no solicitó la clausura del establecimiento con el apoyo del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (Invea).
Además, hizo un llamado urgente a las autoridades correspondientes para erradicar la impunidad y la corrupción en los giros nocturnos que existen en la capital del país, en específico de los que están ubicados en la llamada “Zona Rosa”.
Entrevistada afuera de las instalaciones de dicha instancia ubicada en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc, Carrillo Leal aseguró que tras el fatal incidente, su hijo, quien actualmente tiene cuatro años, resultó psicológicamente afectado porque “se deprimió, en casa buscaba mucho a su papá (Christian Olivera) y preguntaba mucho por él”.
Ante la omisión que al momento existe por parte de la fiscalía capitalina a cargo de Bertha María Alcalde Luján y de los dueños del establecimiento, dijo que se ha tenido que hacer responsable de toda la situación derivada del asesinato de su cónyuge, –quien era el sostén económico de su familia- como son los gastos general de su casa, las colegiaturas escolares así como del tratamiento psicológico de su vástago, principalmente.
“No voy a soltar este asunto hasta que se reparen absolutamente todos los daños ocasionados por el atentado, porque no es posible que los propietarios del Bandazo no hayan tenido las medidas de seguridad necesarias para evitar que gente armada ingresara al lugar y provocara una tragedia; y la fiscalía no haya ordenado el aseguramiento del lugar y le permitiera continuar con sus servicios a pesar de que también tienen sus licencias vencidas”, resaltó la afectada ante representantes de medios periodísticos.
Cabe señalar que la acción jurídica se deriva del trágico ataque con arma de fuego ocurrido el 22 de diciembre de 2024 al interior del bar “El Bandazo”, en el cual Adrián González Navarro resultó severamente lesionado (víctima directa) y Christian, esposo de Lola Carrillo Leal perdió la vida, dejando en total estado de orfandad a un menor de edad.
Por su parte, Juan Carlos Martínez Flores, 
representante legal de Lola Carrillo Leal, indicó que la denuncia plantea formalmente que, bajo el Principio Constitucional del Interés Superior del Menor, la persona moral responsable de la operación comercial del bar “El Bandazo” debe responder económicamente y garantizar la indemnización integral a la que por ley tienen derecho tanto el menor de edad afectado como la víctima directa sobreviviente, Adrián González Navarro.
representante legal de Lola Carrillo Leal, indicó que la denuncia plantea formalmente que, bajo el Principio Constitucional del Interés Superior del Menor, la persona moral responsable de la operación comercial del bar “El Bandazo” debe responder económicamente y garantizar la indemnización integral a la que por ley tienen derecho tanto el menor de edad afectado como la víctima directa sobreviviente, Adrián González Navarro.“Buscamos justicia legal y económica. Exigimos que quienes explotan comercialmente el bar ‘El Bandazo’ cubran la reparación del daño integral a las víctimas por el homicidio de Christian y las lesiones de Adrián”, declaró.
Se denunció –dijo el abogado- que, a pesar de la gravedad de los acontecimientos, el establecimiento continuó operando de forma activa mediante el uso de esquemas contractuales que pretendieron simular cambios de administración para evadir sus obligaciones ante la ley.
Un punto medular de esta nueva etapa del proceso es la exigencia hacia la Titular de la Alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con el oficio oficial número AC/DGG/DG/SSG/076/2025 que ya obra en la carpeta de investigación, la propia demarcación reconoció que “El Bandazo” no contaba con un permiso de impacto zonal vigente el día de los hechos, pues este había caducado desde el 15 de diciembre de 2024.
Ante esta flagrante omisión administrativa, las víctimas están solicitando formalmente que el Ministerio Público requiera a las autoridades de la Alcaldía Cuauhtémoc para que fijen una postura legal clara y explícita dentro de la carpeta de investigación. El establecimiento operó en la clandestinidad absoluta durante una semana previa al ataque sin que la ventanilla única o los cuerpos de verificación ejercieran la clausura obligatoria, facilitando las condiciones para que se introdujera un arma de fuego al establecimiento.
La familia Leal-Beltrán y su representación legal informan que no descansarán hasta que las autoridades ministeriales castiguen a todos los responsables en la carpeta de investigación y garanticen el derecho humano a la reparación integral del daño por el homicidio calificado, así como del homicidio calificado en grado de tentativa a que tienen derecho las víctimas y de manera real el sustento alimentario del menor afectado.
Alessandra Rojo y Obdulio Ávila “en la tablita”
Mientras esto sucede, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Marina Brugada Molina anunció que en los próximos días convocará a la alcaldesa en Cuauhtémoc Alessandra Rojo de la Vega Piccolo
, para que explique los motivos por los cuales ha aumentado de forma alarmante, la inseguridad en la demarcación.
, para que explique los motivos por los cuales ha aumentado de forma alarmante, la inseguridad en la demarcación.Esto, dijo, porque es la única alcaldía en la CDMX que presenta un notable incremento en las cifras de delitos cometidos a diario y tenemos que revisar lo que está pasando.
Ante este panorama, cabe señalar que constantemente, Obdulio Ávila Mayo, director general de Gobierno en la alcaldía Cuauhtémoc, es señalado por estar involucrado en actos de corrupción que van desde la venta ilegal de licencias, cobro de piso y protección a grupos delictivos, como la Unión Tepito.
El historial político de Obdulio Ávila Mayo 
incluye una fuerte confrontación dentro del PAN capitalino en la que su nombre quedó relacionado con acusaciones de tráfico de plazas gubernamentales y acarreo de militantes.
incluye una fuerte confrontación dentro del PAN capitalino en la que su nombre quedó relacionado con acusaciones de tráfico de plazas gubernamentales y acarreo de militantes.
Los señalamientos surgieron en abril de 2011, cuando Arne Aus den Ruthen anunció su salida del Partido Acción Nacional y lanzó críticas contra la forma en que operaban algunos grupos internos de esa fuerza política en el entonces Distrito Federal.
Aus den Ruthen señaló a Ávila, entonces dirigente capitalino del PAN, junto con Jorge Romero y Mariana Gómez del Campo, dentro de una dinámica en la que, según sus acusaciones, puestos en estructuras gubernamentales eran utilizados para fortalecer grupos y movilizar militantes.
La denuncia describía un escenario crítico para el panismo capitalino: estructuras internas dominadas por intereses de grupo, acarreo y una distribución de espacios públicos que, de acuerdo con el exdelegado, terminaba desplazando la discusión de ideas.
Ávila rechazó directamente las acusaciones y negó intercambiar empleos por respaldo político. Ante los señalamientos respondió que no conseguía “chambas por votos” y defendió el funcionamiento interno del partido. La confrontación, sin embargo, dejó expuestas las diferencias que existían entre distintos grupos del PAN en la capital.
Mientras Aus den Ruthen denunciaba prácticas relacionadas con plazas, movilización de militantes y falta de autocrítica, Ávila buscaba contener las acusaciones y rechazaba que estas representaran el funcionamiento general del partido.
El entonces dirigente también minimizó las consecuencias de la salida de militantes y sostuvo que eran más quienes ingresaban al PAN que quienes abandonaban sus filas.
Aunque aquellos señalamientos formaron parte de una disputa política interna y no constituyen por sí mismos prueba de responsabilidad administrativa o penal contra Ávila, el episodio documenta que su conducción del PAN capitalino estuvo sometida a cuestionamientos públicos por la manera en que presuntamente operaban las redes partidistas.
Años después, con Obdulio Ávila nuevamente vinculado a tareas de gobierno en la alcaldía Cuauhtémoc, aquella confrontación permanece como uno de los episodios controvertidos de su trayectoria política.
Se trata de un funcionario con una serie de acusaciones por hechos de corrupción, pues algunos cargos que ha representado son como subsecretario del ex presidente mexicano Felipe Calderón entre 2011 y 2021, además de ser el director general de Servicios Jurídicos y de Gobierno de la entonces delegación Miguel Hidalgo en el trienio de Xóchitl Gálvez (2015-2018).
Mientras estuvo al servicio de Calderón, fue señalado de aprobar de última hora decenas de permisos para casinos gracias al tráfico de influencias. Los hechos se remontan a 2012, cuando Ávila Mayo aprobó nuevos permisos para operar salas de juegos y apuestas dos minutos antes de concluir el sexenio. Pese a las negativas que dio el subsecretario panista, antes de que Ávila llegara al cargo, existían 27 permisos para operar 541 casinos, pero al término del sexenio con cuatro permisionarios más, las licencias de casinos aumentaron a 681.
Además, como colaborador en Miguel Hidalgo de Xóchitl Gálvez Ruiz, ex candidata presidencial, Ávila Mayo fue pieza clave para que avanzaran las construcciones ilegales. Tal es el caso de la Plaza Altezza, en donde el panista dio avance a dos manifestaciones de construcción en 2016 para que el inmueble pasara de un proyecto original de tres niveles a seis, lo cual violó el uso de suelo del programa de desarrollo urbano en MH.
Con Gálvez Ruiz en Miguel Hidalgo, Ávila tomó la iniciativa de abrir una oficina para tramitar licencias de publicidad exterior que se pueda exponer en espacios de varios inmuebles.
Durante el trienio hubo recurrentes quejas de la población que denunció cómo la delegación permitía a varias marcas la violación a la Ley de Publicidad Exterior capitalino, además de la autorización riesgosa de espectaculares.
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