La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) mantiene bajo la lupa –aunque no actúa- al panista Luis Alberto Mendoza Acevedo, alcalde en Benito Juárez,

ante las constantes acusaciones que se suman en su contra por las millonarias transas, despojos y abusos que realiza, escudado en el cargo que ostenta, lo que ha provocado que se encuentre inmiscuido en nuevos escándalos, aparte de que es señalado como integrante del Cártel Inmobiliario.
El historial de corrupción que promueve Luis Mendoza en Benito Juárez no es nuevo. Pues su hermano Víctor Mendoza Acevedo,

también está bajo investigación por la Fiscalía capitalina por enriquecimiento ilícito y ejercicio ilegal de atribuciones, ligado al “Cártel Inmobiliario” que permitió construcciones irregulares en la demarcación.
En 2023, una jueza ordenó arrestos de exfuncionarios por aprobar edificios defectuosos como City Towers Black, donde el propio Luis Mendoza compró un departamento en efectivo. Más reciente, en enero de 2026, comerciantes bloquearon Avenida Universidad protestando contra extorsiones semanales por parte de empleados de la alcaldía, exigiendo cuotas para no retirar puestos ambulantes.
Cabe recordar que en 2022, a través de Twitter –hoy X- usuarios de la red social, desmintieron a Luis Mendoza entonces diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), después de que, por la misma vía, intentara deslindarse de las acusaciones por la autorización irregular del inmueble City Towers en Santa Cruz Atoyac, en la alcaldía Benito Juárez.

“O sea, esta es tu firma o no es?”, puso en duda el usuario Pablo Hernández, al director general de planeación y desarrollo de la alcaldía Benito Juárez, Víctor Manuel Mendoza, quien trató de justificarse de diversas maneras.
Cabe destacar que la bancada de Morena en el Congreso capitalino y vecinos del complejo de departamentos conocido como City Towers Black y Green ubicados en Popocatépetl 415 en la alcaldía Benito Juárez denunciaron actos de corrupción en la construcción del inmueble.
El asesor jurídico apuntó que el diputado federal Luis Mendoza adquirió este departamento a menos del 50 por ciento del valor comercial cuando vecinos pagaron mucho más por su vivienda.
Con la presentación de documentos que acreditan que junto con su hermano y actual director de planeación de la alcaldía Benito Juárez, Víctor Mendoza, existe un conflicto de interés al autorizar un excedente en la edificación de viviendas de las que fueron autorizadas.
A través de Twitter, los demandantes expusieron documentos del Registro Público de la Propiedad sobre que uno de los departamentos fue adquirido por el hermano del funcionario, el actual diputado federal, Luis Mendoza, quien compró una vivienda de 150 metros cuadrados por un valor de 5.5 millones de pesos, es decir, erogó 37 mil pesos por metro cuadrado, prácticamente 50% más barato que el precio del mercado.
Vecinos del edificio City Towers acudieron al Congreso capitalino, para explicar que el conjunto habitacional tenía autorización para 752 departamentos, sin embargo, en 2019, Víctor Mendoza, dio un permiso de uso y ocupación al inmueble en el que se construyeron 806 viviendas, es decir 54 adicionales.
A la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México se le “perdieron” 51.86 millones de pesos provenientes de partidas federales, en un contrato con Crolsa SA de CV, una empresa dedicada a la limpieza y control de plagas –ubicada en Insurgentes Sur 586- que pertenece a Claudia Adriana Pérez Ramírez, quien fue funcionaria operativa del Sistema de Transporte Colectivo Metro hasta el año 2022.
El presunto desfalco fue detectado por una Auditoría de Cumplimiento practicada de manera presencial por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que determinó que el ejercicio de los recursos de partidas federales asignados en 2024, destinados a repavimentación de vialidades secundarias, no fue acreditado por la entidad fiscalizada.
El contrato para la ejecución de dichas obras fue celebrado con la empresa CROLSA a la cual hicieron pasar como “constructora” según documentos notariales, pertenece a Pérez Ramírez, servidora pública en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, al menos hasta 2023; al empresario Miguel Ángel Mendoza, y en la que es apoderado el abogado Alejandro Vázquez Pineda, quien también representa a otras firmas contratistas de Benito Juárez.
Según las conclusiones de la entidad fiscalizadora, la alcaldía a cargo del panista Luis Alberto Mendoza Acevedo, no pudo “proporcionar las cuentas por liquidar certificadas y no acreditar el beneficio a la población objetiva del fondo del contrato número ABJ-LP-030-2024” por el monto ya señalado.
Es preciso mencionar que, tras las observaciones de la ASF, se abre un periodo para solventar las observaciones, en el que la dependencia tiene la oportunidad de acreditar las carencias señaladas por el órgano fiscalizador.
La Auditoría de Cumplimiento 2024-D-09014-19-0700-2025, practicada a la alcaldía Benito Juárez, dentro de la revisión de los recursos de origen federal de la Cuenta Pública 2024, detectó irregularidades en la mitad de cada peso gastado por la entidad auditada, dentro del espectro presupuestal que seleccionó para revisar.
Seleccionó una muestra constituida por de 109.37 millones de pesos de gasto, proveniente de transferencias federales. Detectó cuatro contratos que merecieron observaciones. Los tres primeros fueron:
DGAyF/R-035-A03/2024, respecto del cual, la alcaldía “no presentó documentación justificativa y comprobatoria del gasto consistente en los resguardos colectivos completos y el reporte fotográfico que haga referencia a las herramientas que se mencionan en dichos resguardos”.
Pero el más opaco resultó ser el ABJ-LP-030-2024, del que tampoco hay cuentas por liquidar certificadas, que “no acreditar el beneficio a la población objetiva”, por los casi 52 millones de pesos señalados, “pendientes de aclaración”.
Esta circunstancia, subraya la ASF, “generó un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 51,868.9 miles de pesos, que representó el 47.4% de la muestra auditada”.
El contrato ABJ-LP-030-2024 se asignó por licitación “de sobre único” el 20 de julio de 2024, y señala los fondos de procedencia con que se habría sufragado:
“Caso: 061 Folio: 0228; Fondo 25P640: Etiquetado Recursos Federales-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios-Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)-2024- Original de la URG; Fondo 25P140: Etiquetado Recursos Federales-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios-Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)-2024-Original de la URG; Caso: 066 Folio: 0229; Fondo 261643: Etiquetado recursos estatales-fiscales-fondo adicional de financiamiento de las alcaldías-2024-liquida de recursos adicionales de principal. (FAFIA)”.
De acuerdo con el instrumento notarial No. 19732 registrado ante la fe del abogado Antonio López Aguirre, titular de la Notaría 250, radicada en Miguel Hidalgo, Ciudad de México, CROLSA fue fundada el 4 de agosto de 2016 por Miguel Ángel Mendoza Gómez ―accionista mayoritario― y por Claudia Adriana López Ramírez, funcionaria del STC Metro.
Quedó como responsable del Órgano de Vigilancia de la Empresa “Diana Patricia Castañeda Méndez”, en la actualidad también funcionaria, pero en la demarcación de Coyoacán, y también contratista en otras dependencias.
Actualmente, el apoderado de CROLSA es Alejandro Vázquez Pineda, que a su vez es apoderado de otras empresas que facturan con Benito Juárez y otras alcaldías capitalinas.
Uno de los detalles que mayor atención despierta, es la dirección declarada por la constructora, que es un departamento habitacional en la Colonia Del Valle de la Ciudad de México, y que la versión del contrato no oculta o testa: -insurgentes Sur Número 568.
Pero también el desempeño en el servicio público de la co propietaria de la firma, Claudia Adriana López Ramírez, que al menos hasta diciembre 2023 aparecía en plataformas digitales del gobierno capitalino como “Ayudante Administrativo A”.
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