El INE ¡En Terrible Crisis De Credibilidad!

Mis queridos ciber amigos, como siempre es un gusto saludarles y les comento en esta ocasión que los insistentes y contundentes señalamientos sobre contratos millonarios, proveedores cercanos y posibles conflictos de interés colocaron a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), encabezada por Guadalupe Taddei Zavala, en una crisis de credibilidad. Su deshonrosa salida abre una nueva etapa, pero deja muchas preguntas pendientes y conflictos internos por resolver.

Miren ustedes, hay cargos públicos en los que la confianza es tan importante como la legalidad. La presidencia del Instituto Nacional Electoral es uno de ellos. Quien encabece próximamente el organismo encargado de garantizar que se respete el voto de los mexicanos no solamente debe actuar con honestidad; también tendrá la obligación de explicar cualquier circunstancia que ponga en duda la imparcialidad de sus decisiones.

No estamos hablando de simples diferencias políticas ni de cuestionamientos menores. Las investigaciones periodísticas han puesto sobre la mesa relaciones personales con proveedores del instituto, adjudicaciones millonarias y la participación de personas cercanas a su entorno en empresas beneficiadas con contratos públicos.

Mis amables y bien perfumados ciber lectores, les comento que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió una investigación de oficio para esclarecer posibles irregularidades, conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos. Nada de esto constituye, por sí mismo, una sentencia de culpabilidad. Conviene decirlo con toda claridad. Pero tampoco puede minimizarse la gravedad de los señalamientos por el simple hecho de que todavía estén sujetos a investigación.

Y me confirman que por órdenes directas de Claudia Sheinbaum anunció que dejará el cargo para proteger la estabilidad y credibilidad del INE. La decisión ocurre en un momento especialmente delicado, cuando México se prepara para las elecciones de 2027.

La investigación debe continuar hasta sus últimas consecuencias, con independencia de quién ocupe la presidencia del organismo. Deben revisarse los procedimientos de contratación, las empresas participantes, sus representantes, los montos adjudicados y cualquier posible relación que pudiera configurar un conflicto de interés.

Si las operaciones fueron legales, tendrá que demostrarse documentalmente. Si existieron irregularidades, corresponderá a las autoridades determinar responsabilidades y aplicar las sanciones previstas en la ley. No se trata de condenar anticipadamente a nadie. Se trata de impedir que un cambio de funcionarios se convierta en una manera de dar por terminado un asunto que todavía requiere respuestas.

La solución a una crisis de credibilidad no puede abrir la puerta a una nueva disputa por el control de la institución. El INE no pertenece al gobierno, a los partidos políticos ni a sus consejeros. Pertenece a los ciudadanos, que necesitan confiar en que su voto será contado y respetado.

Guadalupe Taddei cierra anticipadamente una etapa que comenzó en abril de 2023. Su anuncio representa un cambio importante en la conducción del organismo, aunque la dimensión jurídica y administrativa de los señalamientos sigue pendiente de esclarecerse. Ahora viene la parte más importante: conocer la verdad. Porque en México hemos visto demasiadas ocasiones en las que la salida de un funcionario termina por desplazar la atención pública de los hechos que provocaron la controversia. Esta vez no debería suceder lo mismo.