*Hay denuncias en su contra por un millonario fraude que cometió cuando era alcaldesa en Cuautitlán Izcalli
*Esta circunstancia será aprovechada por la morenista Delfina Gómez, para acabar con la candidatura de su rival
*Las acusaciones de desvío de recursos contra el diputado federal del PRI, Mariano González Aguirre, también afectaron seriamente las aspiraciones de su esposa, Alejandra del Moral
*Dice Alito que no permitirá que Morena se robe las elecciones del Edomex, el próximo domingo 4 de junio
PLUMA FUENTE
JUAN BERMÚDEZ
La sombra del descrédito se cierne sobre Paulina Alejandra del Moral Vela, actual candidata de la coalición PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza al gobierno del Estado de México, quien ahora tiene una dudosa calidad moral.
Y es que salió a relucir un millonario fraude que cometió cuando era presidenta municipal en Cuautitlán Izcalli (2009-2012) y para no variarle, también se dio a conocer que su esposo, el diputado federal del PRI, Mariano González Aguirre cometió un cuantioso desvío de recursos cuando era titular del desaparecido Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
De acuerdo con informes que fueron proporcionados al autor de esta columna, resulta que ahora, ambos ya son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) y del Estado de México (FGJEM), lo cual ha puesto en peligro la aspiración política de Alejandra del Moral y el cargo legislativo que ostenta su cónyuge.
Por un lado y de acuerdo con las,leyes en material electoral, a tan solo tres días de los sufragios que se efectuarán en el Edomex, Paulina Alejandra podría ser excluida en las próximas horas, debido a que ya se presentó una denuncia penal en su contra y ningún aspirante a cualquier puesto de elección popular que esté relacionado con un proceso judicial, puede competir en estos menesteres.
Y en cuanto a su esposo, Mariano González, debido a que también es sujeto de investigación, será sometido al proceso de desafuero para que un juez de control pueda girarle una orden de aprehensión, en caso de resultar responsable del delito de desvío de recursos procedentes del erario público, o en palabras llanas, se la van a dejar caer por haberle robado al,gobierno.
Alejandra del Moral cometió un presunto fraude por más de 115 millones de pesos mediante la simulación en la compra-venta de 1,049 casas a la empresa Promoción y Desarrollos Urbi, la cual dejó inconclusa las obras y las vendió a sobreprecio, refiere una denuncia interpuesta el 26 de abril de 2011.
Las viviendas, que se vendieron entre 1.7 y 2.5 millones de pesos, fueron entregadas con vicios ocultos, de acuerdo con las denuncias de los vecinos, y, debido a que no existe el acta de término de obra, el municipio no les brinda a esos inquilinos servicios como bacheo y poda de árboles, por lo que denuncian que compraron a sobreprecio y el valor de sus casas oscilaría entre 1 y 1.5 millones de pesos, casi 40 por ciento menos de lo que les costó.
Revisamos decenas de páginas de documentos de las dos denuncias —una del fuero común y otra federal— por presunta corrupción inmobiliaria en el Estado de México en las que aparecen los nombres de exfuncionarios mexiquenses como el expresidente Enrique Peña Nieto, el Senador Eruviel Ávila y Alejandra del Moral, candidata de la coalición Va por México.
También entrevistamos a propietarios de las casas de los dos fraccionamientos, quienes junto con vecinos de otros municipios mexiquenses han emprendido una lucha denunciando a servidores públicos, bancos, notarios e inmobiliarias como Urbi.
Estimados lectores tratamos de contactar por medio de sus respectivos equipos de prensa, a la candidata Alejandra del Moral y a Karla Fiesco, actual Presidenta Municipal de Cuautitlán Izcalli. A la primera por las denuncias directas de los vecinos de que simuló la entrega de casas y a la segunda por un amparo que interpusieron para que hiciera la recuperación administrativa de los fraccionamientos. Pero no hubo respuesta.
Como punto de referencia, les comento que en la Ciudad de México, la Fiscalía capitalina mantiene una investigación abierta en contra de exalcaldes y exfuncionarios de Benito Juárez que beneficiaron a constructoras e inmobiliarias otorgándoles permisos sin cumplir con las normas de construcción. Hasta ahora se han producido ocho vinculaciones a proceso, de las cuales seis son de exservidores públicos, y se investigan a siete empresas.
En el Estado de México, ocurrió algo similar que se tramó desde el año 2004 cuando Arturo Montiel Rojas (1999-2005) era Gobernador y Alfredo Durán Reveles (2003-2006) Presidente Municipal de Cuautitlán Izcalli.
El 2 de julio de ese año, los ejidatarios de Tultitlán, otro de los 125 municipios del Estado de México, vendieron sus parcelas a la Empresa Constructora de Vivienda CYD Desarrollos Urbanos, la cual sin tener el dominio pleno logró que se expidiera la Escritura Pública No. 1476, de fecha 02 de julio de 2004, otorgada ante la fe del Notario Público 119 de la entidad.
En ese municipio se operaría un primer caso de presunta corrupción inmobiliaria que alcanzaría a otros más, como Cuautitlán Izcalli, y por el cual hay dos denuncias contra ex servidores públicos que están en la Fiscalía General de la República (FGR) y en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), señalaron los vecinos unidos en el Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna.
El caso de presunta corrupción inmobiliaria en Cuautitlán Izcalli, uno de los municipios incluidos en las dos demandas, comenzó el 10 de mayo de 2006 cuando se publica en la Gaceta del Estado de México la autorización del Conjunto Urbano Urbi Hacienda Balboa para la compra y venta de créditos de 1,049 casas que valían alrededor de 2 millones de pesos cada una.
Las viviendas prometidas a los compradores, quienes ahora se dicen estafados, eran promocionadas por Urbi como “La alegría llegó a Cuautitlán Izcalli”. El fraccionamiento Hacienda Balboa cuenta con amplias casas de más de tres habitaciones, espacios verdes y está ubicado a sólo unos minutos de populares centros comerciales como Sams, Comercial Mexicana y Walmart, presumía la empresa en la publicidad que aún se puede ver en sus sitios web y canales de YouTube como el siguiente video.
La construcción de los fraccionamientos Hacienda Balboa y Quinta Montecarlo no corrió a cargo sólo de Urbi, intervino principalmente el Estado a través de Sociedad Hipotecaria Federal, la entidad financiera que liberó dos fianzas (dinero público) para la realización de estos proyectos que fueron entregados sin estructura hidráulica, contratos de luz, ni otras obras de urbanización, requisitos que debían cumplirse de acuerdo con los contratos de compra-venta.
Pero el hecho que detonó todas estas denuncias y que indignó a vecinos que ya reclamaban por las condiciones de sus viviendas fue precisamente la simulación de la entrega-recepción de estas casas hecha por la entonces Alcaldesa Alejandra del Moral el día 3 de diciembre de 2009, apenas cuatro meses después de asumir el cargo. Hay un documento firmado por ella.
con el Acta de Entrega Recepción del Conjunto Urbano de Tipo Medio denominado URBI HACIENDA BALBOA, la exalcaldesa avaló la devolución de 115 millones 595 mil 650 pesos para favorecer a la empresa.
Esta simulación de entrega-recepción de casas por parte de Alejandra del Moral, dio pie a la denuncia penal que se presentó al licenciado Gerardo Ángeles Enríquez, Fiscal Especial para Delitos cometidos por Fraccionadores de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de México (hoy FGJEM).
La denuncia se sustentó por las reducciones y entregas de las fianzas a la Empresa Promoción y Desarrollos Urbi por la simulación de la entrega parcial que avaló Paulina Alejandra del Moral Vela, así como por haber aceptado las supuestas obras de Urbanización cuando en realidad lo que se le entregó fueron vialidades y calles del Conjunto Urbi Hacienda Balboa y se tipifica el Delito Grave de Fraccionadores.
El acta de entrega parcial con fecha del 3 de diciembre de 2009 es ilegal y Paulina Alejandra del Moral, como Presidenta Municipal, no tenía porque recibir de manera parcial el Conjunto Habitacional “URBI HACIENDA BALBOA” toda vez que ante la falta de las dos prórrogas, la entrega debería de ser total y definitiva.
El Acta de entrega parcial contiene un sinnúmero de actos simulados. En el documento se señala que se entrega de manera parcial las obras de urbanización por 26,129.53 m2 y equipamiento de una escuela preparatoria de 20 aulas, 2 jardines vecinales, 2 áreas deportivas y 2 áreas de juegos infantiles.
Estas obras, que fueron parcialmente entregadas, tenían un valor de 44 millones 211 mil 278.81 pesos y se depositó un monto equivalente al 20 por ciento, es decir, 8 millones 842 mil 255.76 pesos.
Estas irregularidades que cometió Urbi en el fraccionamiento Hacienda Balboa, en presunta colusión con exfuncionarios estatales y municipales, se acreditaron también en otra denuncia que se había formulado con anterioridad, el 19 de febrero de 2009, y de lo cual Del Moral tenía conocimiento.
A diferencia del Cártel Inmobiliario de la alcaldía Benito Juárez, en donde fue un negocio entre empresas con funcionarios sin que interviniera dinero público, sólo los favores que recibieron a cambio de permisos, en el Estado de México las inmobiliarios sí recibieron millones de pesos del erario.
Por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno estatal, sin ningún fundamento normativo, liberó la fianza el 30 de abril de 2009 por la cantidad de 115 millones 595 mil 650 pesos cuando las obras de urbanización no fueron entregadas a las autoridades estatales y municipales.
Pero el delito de fraccionadores no sólo se presenta por las conductas delictivas desplegadas por la constructora y los servidores públicos señalados con anterioridad, también esta conducta delictiva se acredita por la participación de terceros que enajenaron y comercializaron lotes y no cumplieron con los requisitos prometidos.
Los terceros están compuestos por la Sociedad Hipotecaria Federal, Grupo Financiero BBVA Bancomer, Hipotecaria Su Casita y dos notarios públicos del Estado de México que avalaron estos documentos: el notario público 133 en Atizapán de Zaragoza, el licenciado Guillermo Alberto Rubio Díaz, y la número 138 en Tepotzotlán, la licenciada Teresa Peña Gaspar.
Ante estas irregularidades en donde se vieron involucrados servidores públicos mexiquenses, el 31 de julio de 2014 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación en donde reconoce que no hubo unidades de evaluación en el Banco de Desarrollo y en tal sentido las casas del Conjunto de Urbi Hacienda Balboa fueron sobrevaluadas por más del 50 por ciento de su valor real.
La CNDH también le pide a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la entonces PGR que resuelva y determine las investigaciones de la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-XV/32/2011, toda vez que ya habían pasado en ese entonces tres años y cuatro meses desde que se presentó la denuncia penal y con esa dilación se vulneraban los derechos humanos y la seguridad jurídica de los vecinos integrantes del Frente Mexiquense.
Si bien toda esta trama de supuesta corrupción inmobiliaria en Cuautitlán Izcalli se concretó en los gobiernos de Alfredo Durán Reveles (2003-2006), David Ulises Guzmán Palma (2006-2009) y Alejandra del Moral (2009-2012), los vecinos de los fraccionamientos Hacienda Balboa y Quinta Montecarlo han pedido a los alcaldes posteriores que retomen el caso y ejecuten una Controversia Constitucional que sus predecesores ignoraron: la 66/2005.
El 14 de octubre de 2008, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararon, por unanimidad, inconstitucional que el Gobierno del Estado autorice la construcción de Conjuntos Urbanos y que los municipios deberían otorgar, entre otros, las licencias de uso de suelo. Se ordenó en ese entonces que la Secretaría de Desarrollo Urbano, la cual había recibido dinero con motivo de autorización de Conjuntos Urbanos, lo restituyera a los municipios.
Es decir, el Gobierno del Estado de México debería transferir a los municipios los recursos que recibió por parte de las instituciones financieras federales para la realización de desarrollos inmobiliarios.
Con esta sentencia de la SCJN y con las dos denuncias penales, los vecinos entregaron el 19 de diciembre de 2019 al entonces Presidente Municipal Ricardo Núñez Ayala, de Morena, la petición y queja para que se hiciera la Recuperación Administrativa y Aseguramiento del Conjunto Urbano Urbi Hacienda Balboa por todas las irregularidades que se realizaron para la construcción y por la simulación del Acta de Entrega que realizó Alejandra del Moral Vela el 3 de diciembre de 2009; así como por haber avalado la devolución de 115 millones de pesos de las fianzas que garantizaban la construcción y operación de las obras de urbanización.
Núñez Ayala les prometió investigar, pero ya no dio seguimiento al tema. El expresidente municipal dijo a SinEmbargo que sí revisó el tema en su administración y confirmó que efectivamente hubo irregularidades que cometieron exservidores públicos en este fraccionamiento, pero como era un proceso que ya estaba en los juzgados aconsejó a los vecinos que siguieran por la vía legal.
“Yo atendí a los vecinos en sus problemáticas, pero como ya era cuestión relacionada con la entregas y nosotros no participamos en ello, yo les pedí que siguieran las vías legales promovidas”, refirió el expresidente municipal.
En esta nueva administración municipal, la cual encabeza desde el 1 de enero de 2022 la panista Karla Leticia Fiesco García, los vecinos presentaron un juicio de amparo ante el Juzgado de Distrito en el Estado de México, con Residencia en Naucalpan, para que la Presidenta Municipal de Cuautitlán haga la recuperación del dinero de los fraccionamientos.
La Presidenta Municipal Karla Fiesco tampoco ha dado seguimiento al tema, pues hay una evidente complicidad de los partidos políticos en esta trama de corrupción para proteger a los exfuncionarios, en especial reclaman la protección a Alejandra del Moral, a quien señalan como una de las cabezas de este Cártel Inmobiliario en el Estado de México.
En un recorrido realizado por el conjunto Hacienda Balboa, los vecinos insistieron en que exfuncionarios de Cuautitlán Izcalli se coludieron para defraudarlos. Denuncian también que hasta el día de hoy, después de más de 10 años, su unidad habitacional “no está municipalizada” y carecen de servicios como “bacheo, poda de árboles y escasea el agua”. Sin soslayar los defectos que Urbi dejó dentro de sus viviendas.
Los vecinos ahora reclaman “justicia y reparación del daño a su patrimonio”, pues quienes cometieron este fraude inmobiliario “tienen nombre y apellido” y algunos siguen en cargos públicos, como el Senador Eruviel Ávila, o están compitiendo por uno, como la candidata Alejandra del Moral, acusaron.
Y mientras, Mariano González Aguirre, esposo de Alejandra del Moral Vela, candidata a la gubernatura del Estado de México por la coalición PRI, PAN, PRD, es acusado como responsable de una serie de desvíos de recursos que se efectuó cuando fungía como Director del desaparecido Fondo de Desastres Naturales (Fonden).
De acuerdo al Informe Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, durante el periodo enero-septiembre de 2013, donde González Aguirre fue Director del organismo, los recursos autorizados con cargo al Fideicomiso Fonden para las obras de reconstrucción en la atención de desastres naturales, ascendieron a 12 mil 672 millones de pesos.
Sin embargo, dicha cantidad jamás se empleó y a la fecha se desconoce su paradero. En este sentido, el actual legislador del PRI se ha negado a emitir declaraciones y sus colaboradores cercanos señalan que se encuentra «ilocalizable».
Cabe señalar que González Aguirre, fue también diputado local en Tlaxcala, donde su papá Mariano González Zazur, fungió como Gobernador de 2011-2016. Además, su mamá es la famosa actriz de cine y televisión, Hilda Aguirre.
De acuerdo con investigaciones, actualmente y de manera «discreta», opera el recurso financiero de la campaña de su esposa, Alejandra del Moral desde su oficina ubicada en la calle Sierra Vertientes 746, colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México.
Los estados, principalmente del Sur, han manifestado que dichas obras no existen a la fecha, el dinero reportado fue el siguiente; Guerrero, 1 mil 553 millones de pesos; Veracruz, 4 mil 647 millones; Tabasco, 1 mil 506 millones; Chiapas 865 millones; Oaxaca, 764 millones; Campeche, 188 millones; Quintana Roo, 79 millones.
De los 23 estados para quienes fue aprobado el presupuesto, de acuerdo al Informe, el dinero nunca fue comprobado en qué se utilizó, o bien, si fue entregado a los gobiernos estatales en turno.
Los conceptos autorizados en el ejercicio fiscal 2013, en el Fonden, destacan los siguientes conceptos: 57.1 por ciento (7 mil 231.4 millones de pesos) se destinó a la restitución de infraestructura carretera; 22 por ciento (2 mil 791.2 millones de pesos) para atender la reconstrucción de infraestructura hidráulica; 7.5 por ciento (955.4 millones de pesos) para el pago de la prima del bono catastrófico; 4.8 por ciento (603.5 millones de pesos) para la atención de emergencias a través del Fondo Revolvente; y 3.9 por ciento (494.4 millones de pesos) para la atención de infraestructura educativa.
La falta de candados y comprobación del recurso del Fonden que desapareció por órdenes directas del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2021, representó en palabras del mandatario un logro de su gobierno.
“El Fonden era un barril sin fondo, en cada emergencia se robaban 1,000; 2,000; 3,000; 5,000 millones de pesos”, criticó en su momento el titular del Ejecutivo.
Ante todo este panorama, cada vez se notan más las posibilidades de que el Estado de México se tiña por completo de guinda, pues todas estas denuncias serán usadas en contra de Alejandra del Moral para que pierda la elección y surja la posibilidad de que la obliguen a declinar en favor de su rival morenista, Delfina Gómez, y por supuesto, si se niega, junto con su esposo, tendrá que enfrentar las consecuencias ante las autoridades.
APUNTES FIDEDIGNOS
Y siguiendo con los temas electorales, les comento estimados ciberlectores, que Alejandro Alito Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que no permitirá que “se roben” las elecciones del Estado de México el próximo domingo 4 de junio, cuando los ciudadanos de la entidad elijan a la próxima gobernadora.
El priista –quien al igual que Alejandra del Moral tiene una dudosa calidad moral- señaló que este domingo 4 de junio habrá un mensaje contundente de que la coalición conformada por su partido, el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD), y Nueva Alianza es “potente”.
Señaló que también se verá que el PRI “es un partido estructurado, sólido, con una gran militancia, tanto en el Estado de México como Coahuila, pero vamos coaligados con Acción Nacional, con el PRD, y en el caso del Estado de México, con Nueva Alianza; todas las elecciones son importantes, en esas dos vamos a tener un gran resultado, y de ahí seguir consolidando, porque lo que estamos construyendo es una coalición robusta, para ir juntos en el 2024 y ganar la Presidencia de la República”. Como dicen por ahí el, pez por su boca muere o en la casa del jabonero el que no cae, resbala….¡¡¡¡SEGUIREMOS INFORMANDO!!!
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