El Pleno del Senado de la República inició la discusión final para votar la reforma constitucional que extiende la responsabilidad operativa y administrativa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la Guardia Nacional (GN) hasta 2028; sin embargo, tras avecinarse un rechazo legislativo al conformar la mayoría calificada, Morena promovió un recurso para que la minuta sea regresada a comisiones para que sea dictaminada nuevamente en virtud de contar con el visto bueno de las mayorías.
Los responsables de realizar esta maniobra fueron los morenistas Oscar Eduardo Ramírez Aguilar y Rafael Espino de la Peña, presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, respectivamente, quienes elaboraron el recurso y lo presentaron ante la Mesa Directiva del Senado para que sea sometido a votación del Pleno.
Cabe destacar que cuando Alejandro Armenta, presidente de la Mesa Directiva, dio aviso de recibido del recurso y promovió su lectura, las y los miembros de la oposición quisieron no reconocer la procedencia de la petición, pues pocas horas antes habían presentado otro oficio con la misma intención, pero mal requisitado. Bajo esa lógica, las bancadas del PRI, PAN, PRD y MC argumentaron que este recurso sólo se puede presentar una vez y como ya se había presentado, este no puede ser sometido a votación ante el Pleno.
Sin embargo, la presidencia del Senado recordó que esto solo aplica en caso de que la Mesa Directiva haya dado a lugar el primer documento, algo que no ocurrió, pues fue este mismo organismo el que dio reversa al primer documento, por lo que al recibir el segundo, éste fue presentado para su votación. Con ello, la mayoría simple de Morena y sus aliados remitieron a las comisiones unidas el proyecto de decreto.
Y es que para que esta iniciativa sea ratificada en el Senado de la República se necesita de la mayoría calificada, es decir, dos terceras partes, lo que se traduce en un total de 86 votos a favor de los 128 integrantes de la Cámara Alta, con ello, los partidos promotores de la llamada Cuarta Transformación (4T) o también transformación de cuarta, deben de buscar el consenso de las bancadas opositores.
Esta circunstancia es particularmente difícil en el Senado, pues en la Cámara de Diputados esta iniciativa pasó fácilmente porque es una reforma promovida y apoyada desde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y, como empata con la agenda política de Morena, pues juntó la mayoría calificada del Palacio Legislativo de San Lázaro.
En relación a la discusión parlamentaria, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), señaló que es de suma importancia que el Senado apruebe esta iniciativa, de lo contrario se podría en riesgo la vida del pueblo de México, ya que las fuerzas civiles (policías municipales y estatales) no tienen la capacidad de sustituir a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad y no confía en que esta condición cambie en 18 meses.
Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob), acusó que el Juez Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales en Matamoros, Tamaulipas liberó a 24 imputados por la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.
Así lo dio a conocer a través de su cuenta de Twitter: “Nuevamente, el juez Samuel Ventura Ramos libera a 24 imputados por la desaparición de los estudiantes de #Ayotzinapa. Con lo que suman más de 120 libertades absolutorias dictadas por este juez en favor de acusados”.
El pasado 14 de septiembre, Encinas destacó que hasta ese día, “nuevamente” el juez de Tamaulipas, el cual ya había liberado a 77 implicados en la desaparición de los estudiantes, absolvió a José Luis Abarca, “uno de los principales involucrados en la desaparición de los muchachos”.
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