Detienen a Médico Del ISSSTE Ante Falsa Acusación Por Robo De Material Quirúrgico Cuyo Costo No Rebasa Los Cien Pesos

 

 

*Fernando Agustín Villalobos Ramírez, quien labora en el Hospital 1 de Octubre, fue acusado de hurtar algunas jeringas y agujas que portaba entre sus pertenencias

 

 

*Colegas del afectado señalan que ese tipo de material por lo general lo llevan consigo porque con ese mismo laboran todos los días y en cualquier momento

 

 

*En 2016 el ISSSTE sufrió un robo de medicamentos cuyo monto fue equivalente a los 54 mdp y a pesar de que fue investigado nunca hubo detenidos

 

 

Juan Bermúdez/Reportero

 

Con base en una falsa acusación por robo de material quirúrgico, Fernando Agustín Villalobos Ramírez, médico interno de pregrado fue detenido en las instalaciones del Hospital 1 De Octubre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y fue llevado ante las autoridades del Ministerio Público, quienes al momento no han definido la situación jurídica del presunto responsable.

 

Ante esta situación y desde temprano, amigos, colegas y familiares del doctor Villalobos Ramírez, realizan un bloqueo sobre las arterias vehiculares aledañas a dicho nosocomio, como una forma de presionar a las autoridades sanitarias para que retiren los cargos y el afectado recupere su libertad.

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con informes proporcionados por un grupo de médicos que forman parte de la protesta, la detención ocurrió el martes 18 de octubre a las 17:30 horas, cuando Fernando Agustín Villalobos salía del hospital con rumbo a su domicilio, una vez que había concluido con sus labores cotidianas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Al acercarse a la puerta de salida, elementos de protección federal que se encargan de vigilar el inmueble, le solicitaron que les permitiera efectuar una revisión de rutina a sus pertenencias, a lo que sin mayor problema el joven médico accedió pero de pronto, uno de los vigilantes le dijo que no podía salir del hospital porque “se estaba robando material de curación y que de acuerdo con el reglamento interno, tenía que ser puesto a disposición de las autoridades policiacas”.

 

Los guardias dieron aviso inmediato a Israel Pérez Moreno y Guillermo Ibarra Guillén, Jefe de Enseñanza y Jefe de Medicina Interna, respectivamente, quienes lejos de apoyar a Fernando Agustín –quien es egresado del Instituto Politécnico Nacional- pidieron que se solicitara la presencia de una patrulla para que lo llevaran ante el Ministerio Público.

 

Una vez que los compañeros de clase del afectado se enteraron de lo ocurrido intentaron dialogar con ambos funcionarios médicos pero no fueron escuchados a pesar de que argumentaron que “únicamente llevaba agujas y jeringas con las que a diario tiene que laborar y maniobrar con los cientos de pacientes que atiende, y ese material no rebasa ni siquiera los 100 pesos de costo”.

 

Fernando fue llevado ante la coordinación territorial de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en la zona de Tacubaya, alcaldía Miguel Hidalgo, donde permanece detenido, incomunicado y en espera de que en las próximas se resuelva su situación jurídica, ante la indignación y desesperación de sus familiares, amigos y conocidos.

 

 

Y mientras, los que médicos internos que realizan el bloqueo frente al Hospital 1 de Octubre, ya recibieron amenazas por parte de los funcionarios médicos Israel David Pérez y Guillermo Ibarra, en el sentido de que si siguen de revoltosos los van a correr del nosocomio para que no terminen con su internado.

 

 

Cabe señalar que los médicos internos que laboran en dicho hospital, tienen que desempeñar sus labores cotidianas en medio de diversas carencias y una infraestructura por demás deprimente e incluso insalubre. Como muestra, están los baños que se encuentran en una situación de abandono y representan un enorme foco de infección.

 

 

 

 

 

 

 

Ante esta situación, cabe recordar que el ISSSTE sufrió un robo masivo de medicamentos para combatir enfermedades crónico-degenerativas y de alta especialidad, que según fue investigado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR); sin embargo, jamás hubo personas señaladas como responsables ni detenidos.

 

 

La denuncia –presentada en 2016 por la propia institución que depende de la Secretaría de Salud– se dio tras advertir un desfase entre el inventario físico y los reportes en el Sistema Integral de Administración Hospitalaria, de más de 3 mil unidades de fármacos con valor superior a los 54 millones de pesos. Dicho Sistema registra las recetas que amparan todas las salidas de las medicinas a favor de los derechohabientes.

 

 

Según la denuncia de hechos, esto podría constituir un robo de tratamientos contra enfermedades crónico-degenerativas y de alta especialidad en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, uno de los hospitales insignia –de tercer nivel– del Instituto que encabeza José Reyes Baeza.

 

Las medicinas estaban destinadas a atender padecimientos como cáncer, problemas cardiovasculares, hipertensión arterial, insuficiencia renal crónica y diabetes mellitus.

 

 

En diciembre del año pasado se amplió la denuncia de hechos, originalmente presentada el 7 de marzo de 2016 por el apoderado legal del ISSSTE, ante la Subdelegación de Procedimientos Especiales de la Delegación de la PGR en la Ciudad de México (antes Distrito Federal); misma que obra en el expediente PGR/DDF/SPE-XXII/3006/2016.

 

 

En un primer momento, el ISSSTE advirtió que el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre carecía de sustento respecto de la distribución de 2 mil 914 unidades de medicamento, por 37 millones 975 mil pesos, que corresponden a 28 claves de fármacos, incluyendo de patente. Pero la ampliación –hecha a fines de 2016, tras la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en este caso–, ya estimaba el presunto daño contra el erario en 54 millones 493.2 mil pesos.

 

 

El faltante se registró a lo largo del ejercicio 2015, consta en la auditoría “Adquisición, recepción, distribución y control de medicamentos para enfermedades crónico-degenerativas”, elaborada por el máximo órgano de fiscalización del país.