*A pesar de que tienen por lo menos cinco órdenes de aprehensión en su contra, este domingo estarán en el Centro de Convenciones Chiapas, ubicado en Tuxtla Gutiérrez
*Fueron contratados para llevar “acarreados” a dicho lugar en apoyo a los nuevos líderes de una organización civil denominada OASEUM
*A “El Jimmy” y “El Jefe” se les dio dinero para que al término del evento paguen 300 pesos a cada una de las personas que llevaron
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- A pesar de las cinco órdenes de aprehensión que traen su contra por narcotráfico, homicidio, amenazas, lesiones, robo, despojo, extorsión, secuestro y abuso de confianza, Christian Jesús Castillo Grimaldo alias “El Jimmy” y Guillermo Fragoso Báez “El Jefe”, dirigentes del Sindicato 22 de Octubre y la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales de la República Mexicana (USON), respectivamente, se pasean libremente por las diversas entidades del país y acuden a diversos actos “políticos” para apoyar con “acarreos” a nuevos líderes y organizaciones civiles con tintes partidistas.
De acuerdo con informes proporcionados, precisamente a las 10:00 horas de este domingo 16 de octubre “El Jimmy” y “El Jefe” asistirán a un acto “político” en el Centro de Convenciones Chiapas, que se encuentra ubicado en esta localidad, para apoyar a Victoria Rosado y Eduardo Ramírez, quienes representan a la Confederación Internacional de Organizaciones y Asociaciones Sindicales de los Estados Unidos Mexicanos (OASEUM), dirigida por Roger Adrián Mandujano Ayala.
Castillo Grimaldo y Fragoso Báez se encargarán de reunir gente, llevarla al evento y al término, pagarle 300 pesos, como una forma de que la OASEUM refleje un poder de convocatoria y una fuerza inexistente ante el gobierno, partidos, dirigentes y legisladores locales.
¿Quiénes son “El Jimmy” y “El Jefe”?
Christian Jesús Castillo Grimaldo, El Jimmy, y Guillermo Fragoso Báez, El jefe, son los líderes del Sindicato 22 de Octubre, ligado a extorsiones y agresiones en contra de trabajadores y vinculado a la masacre ocurrida durante la madrugada del 27 de abril en la planta cementera de Cruz Azul ubicada en Tula, Hidalgo, hechos que cobraron la vida de 8 personas y dejaron con lesiones a 11 más.
Ambos sujetos fueron expulsados en 2020 de una organización sindical de la que formaban parte, debido a sus constantes actitudes violentas en contra de obreros y comerciantes.
Tras haber sido dados de baja, ambos fundaron el Sindicato 22 de octubre y posteriormente la USON, mediante las cuales extorsionan a transportistas, trabajadores y comerciantes en diversos puntos del Valle de México, a quienes golpean y amedrentan si se niegan a desembolsar la cantidad exigida por los agresores, además de ser golpeados sin incumplen con el pago periódico ordenado por los líderes de la organización.
De acuerdo con investigaciones de autoridades mexiquenses, ambos líderes sindicales estarían ligados con la agresión registrada en la cooperativa Cruz Azul de Tula, a la cual habrían movilizado a más de 200 hombres para causar destrozos y asesinar a trabajadores del lugar, con el fin de hacerse con el control de la planta cementera.
El Sindicato 22 de Octubre y la USON operan en los municipios de Ixtapaluca, Ecatepec, Chimalhuacán, Texcoco, Valle De Chalco, Los Reyes y San Vicente Chicoloapan, así como en las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Venustiano Carranza, lugares en los cuales cobrarían cuotas para la distribución de agua y Gas LP en pipas.
Los líderes sindicales cobrarían un peso por cada litro transportado, lo cual resultaría entre 200 y 500 pesos a cada operador de pipas, mientras que los trabajadores de la construcción serían obligados a comprar calcomanías en cinco mil pesos, además de cubrir una cuota semanal por el libre paso a sus lugares de trabajo.
A pesar de que han sido denunciados en numerosas ocasiones ante las autoridades, no se han ejercido acciones legales en su contra, pues se les ha señalado por tener tratos con Ministerios Públicos y agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), así como con los propios de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), quienes los protegerían ante acciones legales en su contra.
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