julio 13, 2024

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La Otra Cara de la Noticia

LLEGA CASO DE ROSARIO ROBLES HASTA LA ONU

*Los familiares de la ex funcionaria que se encuentra presa desde hace dos años, acudieron al área de Derechos Humanos de dicha organización internacional para exponer la situación
*Dicen que Robles se encuentra presa por un delito menor que de acuerdo con la Carta Magna no amerita prisión preventiva y sin que hasta la fecha, en la que han transcurrido más de dos años, se le hubiese dictado sentencia”.
De la Redacción
Los familiares de la exfuncionaria federal, presa desde hace más de dos años, Rosario Robles, se presentaron este lunes en las oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) México, donde solicitaron una audiencia para exponer el caso de la que fuera secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) durante el sexenio pasado.
Mediante una carta que está dirigida a Guillermo Fernández-Maldonado Castro, el representante en México de la Oficina de la ONU-DH, los familiares de Robles señalan que la política se encuentra injustamente encarcelada en el penal de Santa Martha Acatitla por “un delito menor que de acuerdo con la Carta Magna no amerita prisión preventiva y sin que hasta la fecha, en la que han transcurrido más de dos años, se le hubiese dictado sentencia”.
Además exponen que con su encarcelamiento “se cometieron una serie de agravios” que “ponen entre dicho el apego al debido proceso y la presunción de inocencia. Derechos que debió gozar desde que decidió presentarse voluntariamente ante un Juez para hacer frente a las presuntas acusaciones que se le imputaban”.
Asimismo, el documento advierte que los delitos por los que se le acusa a Rosario Robles “no han sido probados, tal y como lo ha dicho tanto su defensa legal como juristas y articulistas”, apuntando además que la administración actual, amparada “en el discurso del combate a la corrupción ha hecho uso faccioso de las instituciones de procuración de justicia, con el fin de acallar y amedrentar toda oposición, a quienes piensan diferente, violando con ello principios fundamentales para el ejercicio y salvaguarda de los derechos humanos”.
“Es por estas razones que nos permitimos solicitarle, de la manera más respetuosa, otorgue un espacio en su agenda para la representación integrada por su defensa y su familia, con la intención de darle a conocer personalmente el conjunto de agravios y graves vulneraciones ejercidos contra ella”, indica el texto que firma el hermano de la exfuncionaria, Francisco Salvador Robles Berlanga.
Mariana Moguel, hija de la exfuncionaria mexicana Rosario Robles, acusada de participar en una trama de corrupción durante su gestión pública, proceso que la tiene en prisión preventiva, anunció el pasado 15 de noviembre a un movimiento de resistencia civil pacífica, a fin de exigir la liberación de su madre, quien desde la prisión exhortó a la sociedad a sumarse a dicho movimiento.
Rosario Robles ha estado encerrada en el penal de Santa Martha Acatitla desde agosto de 2019. Ella es ex secretaria de gabinete, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto en México (2012-2018). Una investigación periodística arrojó su presunta responsabilidad en una trama de triangulación de fondos entre universidades y dependencias federales a través de empresas fantasma. De lo que se le acusa nada se ha comprobado. Pero la justicia ha decido mantenerla en prisión para evitar el riesgo de fuga. Robles está segura de que todo es una venganza política en su contra.
Su familia exige su liberación, reclamando que Robles Berlanga es víctima de una injusticia, una venganza política. #SíEsVenganzaNoEsJusticia es el nombre que se le ha dado al movimiento, inspirado en una frase que la propia Mariana ha repetidos desde que su madre está en prisión.
Rosario Robles busca nuevamente un amparo para librar la prisión preventiva justificada que la mantiene tras las rejas a más de dos años sin que se le haya celebrado un juicio.
Fuentes cercanas al caso confirmaron a Infobae México el recurso promovido por la ex secretaria de Desarrollo Social y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), quien está involucrada en el caso de la Estafa Maestra.
Robles Berlanga alegó violaciones a sus derechos humanos en el segundo amparo presentado ante las autoridades judiciales. La primera vez fue favorecida y se ordenó que se revisará la medida cautelar que la mantiene encerrada, pese a que el delito del que se le acusa no es de gravedad.
El pasado 7 de octubre, magistrados del Noveno Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Penal confirmaron la resolución emitida inicialmente por el juez tercero de Distrito en Materia de Amparo, Augusto Octavio Mejía Ojeda.
Pero en la audiencia de 13 días después, el 20 de octubre, el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos determinó dejar en prisión preventiva justificada a la exfuncionaria porque prevalece un riesgo elevado de que pudiera fugarse.
Desde el Penal de Santa Martha, donde se encuentra desde agosto del 2019, la ex funcionaria evidenció el tratamiento diferenciado en su caso, pues a pesar de haberse presentado voluntariamente y no huír de la justicia, se le dictó prisión preventiva.
“Si me hubiera querido fugar para que me presentó el día de la audiencia, evidentemente no se busca aquí justicia (…) Si ya un amparo no es un instrumento para defendernos en este país: qué nos queda, por es uso mi voz”, dijo posteriormente la exfuncionaria al periodista Ciro Gómez Leyva. “Hay criterios (de justicia) para unos y hay criterios para otros”.
Rosario Robles fue arrestada el 13 de agosto del 2019, con lo cual lleva dos años y dos meses privada de su libertad. Su proceso ha sido suspendido porque no se ha resuelto un amparo por sobreseimiento en el delito del cual es acusada.
La Estafa maestra fue un mecanismo para otorgar contratos a universidades y empresas fantasmas, las cuales se encargarían de ejecutar obras y servicios referentes a programas sociales, pero en realidad, el dinero habría sido triangulado para financiar campañas electorales.
Robles Berlanga había ofrecido colaborar luego de múltiples presiones, delatar a supuestos cómplices y obtener un castigo menos severo, pero retiró la oferta porque el acuerdo incluía que reparara el daño al erario público calculado en poco más de 5 mil millones de pesos.

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