Juan Bermúdez/Reportero
La Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), confirmó que el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya 
mantiene vínculos con el crimen organizado, específicamente con la célula delictiva de “Los Chapitos” a quien ha brindado protección y facilitado el contrabando de drogas hacia los Estados Unidos, la compra de arsenales en ese país así como el “lavado de dinero”.
mantiene vínculos con el crimen organizado, específicamente con la célula delictiva de “Los Chapitos” a quien ha brindado protección y facilitado el contrabando de drogas hacia los Estados Unidos, la compra de arsenales en ese país así como el “lavado de dinero”. El gobierno de Donald Trump ha solicitado la extradición del morenista Rubén Rocha Moya, por sus vínculos con el cártel de Sinaloa. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México ha recibido la solicitud y ha turnado el expediente a la Fiscalía General de la República (FGR) para que analice la viabilidad de la extradición.
Sin embargo, la SRE ha señalado que la documentación presentada por la Embajada estadounidense carece de elementos de prueba suficientes para determinar la responsabilidad de Rocha Moya. La FGR será la encargada de evaluar la existencia de elementos probatorios bajo el sistema jurídico mexicano y determinar si se pueden ejecutar las solicitudes de extradición.
Rubén Rocha Moya –personaje muy cercano al ex presidente Andrés Manuel López Obrador- se encuentra actualmente en Sinaloa, bajo protección de la policía estatal.
Tras solicitar licencia como gobernador de Sinaloa el 1 de mayo de 2026, el mandatario con licencia desapareció del ojo público, generando incertidumbre sobre su paradero debido a las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa
Inicialmente, se reportaron contradicciones sobre su ubicación, con versiones que lo situaban en distintas residencias y ranchos en Sinaloa, incluyendo la zona exclusiva de Isla Musala en Culiacán y un rancho en Batequitas, Badiraguato.
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que Rocha Moya permanece en Sinaloa y que las autoridades conocen su ubicación, descartando que haya salido del país. Pero por “falta de pruebas” se niega a entregarlo a los norteamericanos.
Al respecto, Omar García Harfuch, 
secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, indicó que el exgobernador no cuenta con escolta federal, sino que su seguridad está a cargo de la policía estatal, y que su localización no ha sido reservada
secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, indicó que el exgobernador no cuenta con escolta federal, sino que su seguridad está a cargo de la policía estatal, y que su localización no ha sido reservada Rocha Moya tiene vigilancia intermitente en su residencia en el fraccionamiento Privada Banus 360, en la zona de Isla Musala, Culiacán, y se le ha visto también en un rancho en Batequitas, municipio natal de Rocha Moya
Estas propiedades cuentan con presencia de elementos militares y patrullas locales para garantizar su seguridad, aunque no se han reportado amenazas directas recientes.
De acuerdo con el expediente NT-02741, al cual tuvo acceso el representante de www.periodistassincensura.com.mx, el caso de Rubén Rocha Moya es considera como crítico, debido a que se acercó a las cabezas del Cártel de Sinaloa para que lo apoyaran en su campaña a la gubernatura del estado y logró que se la financiaran a cambio de que les brindara protección asegurada, una vez que llegara al cargo.
El documento indica que desde entonces, el funcionario se ha movido en jurisdicciones históricamente dominadas por esa agrupación criminal, dedicada al tráfico de drogas y armas.
La DEA señala en su informe que el protagonista de esta historia mantiene una relación muy estrecha con múltiples intermediarios financieros y políticos que operan en los sectores educativo, agrícola y de transporte en la entidad, quienes ya permanecen bajo revisión transfronteriza.
Dicha instancia adscrita al Departamento de Justicia de EUA, también señala que se investigan actividades de posible lavado de dinero a través de contratos vinculados a universidades, exportaciones agroindustriales, rutas marítimas de la zona del Pacífico y asociaciones de capital extranjero, todo ello orquestado por el mandatario estatal para su beneficio y el de “Los Chapitos”.
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