Asesinato De Ximena y José, ¡Crimen Narcopolítico!

La orden de llevar el vehículo —propiedad del gobierno capitalino— se la había dado Ximena Guzmán, secretaria particular de Clara Brugada, quien fue asesinada a balazos junto con el asesor de gobierno José Muñoz en la colonia La Moderna, sobre la Calzada de Tlalpan, el pasado 20 de mayo de 2025.

La negativa de dicho ex custodio para cumplir esa orden, marcó un punto de quiebre en una estructura de poder que —según su testimonio— se sostenía mediante amenazas, favores y lealtades impuestas. La persona que le había dado la instrucción, Ximena Guzmán, no era una funcionaria menor: tenía acceso directo a la jefa de Gobierno y, junto con José Muñoz, formaba parte del círculo muy cercano de Clara Brugada.

Formado en Ciencia Política y Administración Pública, su perfil técnico lo llevó a desempeñar funciones clave en diversas instancias legislativas y de gobierno. La única mancha “oculta” que tenía es que era familiar directo de integrantes de una banda delictiva dedicada a la invasión y despojo de terrenos e inmuebles. Ambas víctimas habían trabajado de cerca con Clara Brugada desde su gestión en la alcaldía de Iztapalapa.

Era parte de sus rutinas. Sin embargo, cuando le dio la orden un subdirector del penal y le dijo dónde recoger los muebles quedó impactado cuando los vio. “Eran muebles de marca alemana”, dijo. “Lo sorprendente es que metieron muebles caros, nuevos, una cantina, una cama especial y una sala”, recuerda.

De acuerdo con los informes proporcionados, existen fotografías y placas de los vehículos utilizados para el traslado de mercancía destinada a los miembros del grupo criminal La Unión de Tepito. La camioneta de uso más frecuente para entregas de víveres, alcohol, muebles, cajas y dispositivos electrónicos era la que él traía, una Ford Ranger con placas 7552CL. La recogía ya cargada o se trasladaba por las mercancías para recogerlas en diferentes puntos de la ciudad.

De acuerdo con su testimonio, empezaron a subir las cajas cerradas a la camioneta, y él preguntó que traían. El hombre le respondió que para qué preguntaba, pero de una manera fuerte. El ex uniformado se incomodó y dijo que no iba a trasladar esa droga al penal. Que prefería renunciar. El hombre lo amenazó y señalándole el orificio de una bala en el cristal de un auto, aun así, no obedeció. La orden la había dado Ximena Guzmán, el brazo derecho de Clara Brugada.

A partir de que se negó a llevar las cajas al reclusorio norte, recibió más amenazas y, de acuerdo con sus propias palabras, “me empiezan a hacer la vida imposible”.

Allí conoció a Florentino Guzmán Arcos, un violador serial sentenciado por atacar a 19 adolescentes, entre 14 y 19 años. Operaba en Iztapalapa desde 2006, y dijo conocer bien a Clara Brugada y Ximena Guzmán. Le habían facilitado un laboratorio de lechugas hidropónicas que vendían como productos orgánicos a alto precio en establecimientos de la colonia Roma.

“Florentino me dijo: yo le puedo pedir a Clara lo que yo quiera, lo que yo quiera me lo trae, y eso ha sido desde con Claudia (Sheinbaum), la jefa de gobierno de antes”, cuenta el sujeto. Y agrega que tenían muchas consideraciones para verdaderos criminales.

De acuerdo con el testimonio del exservidor público del sistema penitenciario, Ximena Guzmán —quien fuera secretaria particular de Clara Brugada— operaba desde los tiempos en que ambas estaban en la alcaldía de Iztapalapa, cobrando el “diezmo para el movimiento”, incluso a trabajadores del gobierno local. Si algún empleado solicitaba un préstamo con aval institucional, Ximena lo acompañaba al banco para exigirle personalmente una comisión. Lo mismo ocurría en los penales.

“Básicamente, lo que ella hacía era pasar la charola, el obligado diezmo. Es una cultura que viene desde el PRD, desde que estaba Arce (René Arce Islas), cuando incluso se heredaban los puestos… Yo la vi. Iba y recibía dinero de los comandantes; iba y recibía dinero de los directores de los penales. Y era muchísimo, pero muchísimo dinero”, afirma.

El exempleado también relató que el control del sistema penitenciario comenzó a deteriorarse cuando, según él, “la gente de Clara” empezó a exigir cantidades cada vez más altas, rompiendo los acuerdos previamente establecidos. “La gente que conozco y que todavía está allí en los penales dice que se avorazaron. 

Empezaron a pedir cuotas exageradas, cuando ya había un arreglo previo. Pero la gente de Clara dijo que tenían que dar más, que ese cacho lo iban a poner ellos. Eso era lo que hacía esta chica. Por eso, el asesinato artero”, sostiene, en referencia a Ximena Guzmán.

De acuerdo con los informes de la FGJCDMX, el entrevistado señaló que el grupo cercano a Brugada abrió demasiados frentes y acumuló enemigos. “Su actitud no ayudaba, porque eran muy prepotentes. Pero lo que me consta es que iban al reclusorio y se llevaban todo el dinero, en cubetas, en ollas de tamales. No exagero: es mucho dinero lo que se junta en cada turno”, enfatizó.

¿Por qué iba a esos centros? No tenía relación con (Omar García) Harfuch, y sin embargo, me la encontré varias veces en diferentes instituciones penitenciarias. Desde la alcaldía extorsionaba a mucha gente. El obligado diezmo. En la alcaldía se dedicaba a eso. Es una práctica que traen desde el PRD y la institucionalizaron”.

Sin embargo, las víctimas de ese día —Ximena Guzmán y José Muñoz— no contaban con protección. Eran considerados “de bajo perfil”. Para el informante, esta clasificación no era coherente, ya que ambos mantenían trato directo tanto con Clara Brugada como con los directores de los penales.

Por su parte, el experto Rómulo Catalán, exdirector del C5 en Campeche, considera que el doble homicidio fue ejecutado con apoyo de altos mandos, dado que las cámaras del C5 fueron manipuladas y los policías de la zona removidos para facilitar la huida del asesino. Según el experto, esto sugiere una operación planeada con respaldo institucional, es decir, el mismo gobierno.

Como exdirector del C5, conoce a fondo el funcionamiento tanto de los PMI como de las cámaras PTZ, dispositivos robóticos capaces de girar horizontal, verticalmente y con capacidad de zoom, operados en tiempo real desde el centro de control.

Este nivel de coordinación, tanto en la ejecución del crimen como en la manipulación tecnológica, coincide con lo denunciado por el ex custodio, quien advierte que detrás de estos actos hay una estructura criminal consolidada y protegida desde diversas esferas del poder.

Un sobrino de Brugada, también con reserva de nombre, estaría involucrado en estas operaciones. La estructura, según el informante, fue heredada del gobierno de Miguel Ángel Mancera y retomada por la administración de Claudia Sheinbaum, sin que se desmantelara. El objetivo era el mismo: extraer dinero desde el interior de los penales.

Este enlace corresponde a la entrevista virtual a el ex guardián, exiliado por amenazas tras negarse a entregar droga al Reclusorio Norte ordenada por Ximena Guzmán.

El testimonio de este último no describe un caso aislado de corrupción, sino un sistema operativo incrustado en las entrañas del gobierno capitalino. Según su relato, se trata de una red heredada, institucionalizada y, finalmente, sostenida por el silencio y el miedo. La cabeza de esa temible red –dicen las malas lenguas- es Aldo Bruno Aragón Sánchez, director ejecutivo de Seguridad Penitenciaria y actual incondicional de Clara Brugada.