La declaración patrimonial del exgobernador incluye que era licenciado en Administración de Empresas desde enero de 1975 por el Tecnológico de Monterrey y su último cargo en el gobierno federal había sido como diputado. Como experiencia laboral incluyó el ser senador de septiembre de 2012 a agosto de 2018.
A esas cantidades se sumaron 3 millones 499 mil 431 pesos por enajenación de bienes, en este caso un inmueble y 66 mil 171 pesos catalogados como “Otros ingresos” especificando que se trataba por la renta de un inmueble.
En su posesión reportó un departamento de 83 metros cuadrados pagado de contado y adquirido en 2 millones 576 mil 320 pesos en julio de 2020 y una bodega de cuya propiedad tenía el 36 por ciento y con una superficie de 4 mil 190 metros cuadrados adquirida mediante compraventa con un valor de 4 millones 738 mil 050 pesos. La bodega fue transmitida por la empresa Navex Industriales S.A. de C.V.
A su vez dio de baja de un departamento de 77 metros cuadrados adquirido por compraventa y pagado de contado por 3 millones 084 mil 599 pesos en julio de 2020.
Las operaciones de compra del departamento y porcentaje de la bodega así como la venta del departamento se realizaron el mismo día como anota la declaración patrimonial.
El exgobernador también declaró dos vehículos un Honda CRV modelo 2012 adquirido por compraventa y pagado de contado en octubre de 2012 por 312 mil 900 pesos a la empresa Superautos Universidad S.A. de C.V.
Además de vehículos, el exgobernador reportó joyas con un valor de 65 mil pesos adquiridas por herencia en junio de 1952; y pinturas cedidas en abril y junio de 2016 con un valor de 60 mil pesos.
Ruffo Appel declaró en su momento cinco cuentas bancarias, la primera de ellas una cuenta bancaria maestra con BBVA con un saldo del 157.7 por ciento; una de ahorro con BBVA con un saldo de 4.5 por ciento; otra cuenta maestra con BBVA con un saldo de 19.2 por ciento; una cuenta de cheques ante el banco Wells Fargo con un saldo negativo de -16.9 por ciento y un fondo de inversión con la Casa de Bolsa Finamex con un saldo del 0.1 por ciento, todas ellas en pesos mexicanos.
Respecto a adeudos, reportó una de una tarjeta de crédito adquirido en mayo de 1996 cuyo monto original era de 8 mil 300 pesos y con un saldo al momento de la declaración de -85.7 por ciento con BBVA.
Además, ya existen detalles mucho más precisos sobre su participación en la empresa Ingemar S.A. de C.V., señalada en las investigaciones de la FGR por presuntas irregularidades en la importación de combustible al país y que el exgobernador habría utilizado como supuesta fachada del tráfico ilícito de combustible. Los detalles se dan a conocer líneas más adelante.
Con 24 años de diferencia, el expresidente Felipe Calderón y Joaquín “El Chapo” Guzmán coincidieron en los presuntos vínculos del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, con la organización criminal de los hermanos Arellano Félix. Esto se ha reforzado con fotografías que incluso fueron publicadas en prestigiados medios periodísticos de dicha entidad, como El Diario de Tijuana, donde aparece Ruffo Appel

con la familia Arellano Félix, cuando era gobernador de Baja California.
Primero, en junio de 1993, Guzmán Loera señaló de manera directa al entonces gobernador Ernesto Ruffo de mantener nexos estrechos y otorgar protección oficial a los Arellano Félix.
Así se da cuenta en las declaraciones ministeriales oficiales correspondientes a la primera captura del narcotraficante.
De acuerdo con el expediente AR1132/93 de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Guzmán Loera

afirmó que la llegada de la oposición a la gubernatura de Baja California no desmanteló las estructuras de corrupción que ya existían.
“El Chapo” calificó a Ruffo Appel como el claro ejemplo de que un cambio de partido en el poder no alteraba las redes de complicidad institucional con el narcotráfico.
El pasado 21 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo retomó un tuit publicado por el expresidente Felipe Calderón en 2017, en donde el propio exmandatario vinculó a Ruffo Appel con los Arellano Félix.
“RUFFO dilapidó esa gubernatura, él y especialmente su hermano Claudio entregaron BC a los Arellano”, señala el tuit del 10 de octubre de 2017.
Sheinbaum Pardo aseguró que la publicación deja en evidencia un “doble discurso” y una contradicción en las posturas del expresidente, luego de que tras la captura del exgobernador Ernesto Ruffo Appel, por su presunta complicidad con una red de contrabando de combustible (huachicol fiscal), Felipe Calderón salió públicamente en su defensa, acusando al gobierno de persecución política.
“Hablando de la guerra contra el narco, ¿por qué no pones las publicaciones de Calderón en 2017 con relación a un caso 10 del 10 del 17? Eso pensaba. Oiga, me recordaba Jesús que había una denuncia por parte de Carpizo cuando fue procurador. Eso lo dice Calderón. Ahora hizo otra publicación, ¿no? Diciendo puede haber diferencias. No, bueno, esto no es una diferencia, esto es una denuncia”, dijo.
Declaración de Guzmán Los nexos descritos por Guzmán Loera no eran únicamente de omisión política, sino de carácter empresarial y familiar.
“Que el declarante quiere agregar que sí está enterado de que el hermano del gobernador del estado de Baja California Norte, al parecer de nombre Roberto Ruffo Appel, es socio de una constructora propia de los hermanos Arellano Félix, y que esto le consta porque así se lo contaron los propios hermanos, inclusive, estaban edificando muchas casas en Guadalajara, Jalisco, en un fraccionamiento denominado Puerta de Hierro, porque incluso le ofreció en venta algunas casas”, expresó.
Sobre la cadena de farmacias, agregó: “Que en las farmacias que tienen los Arellano Félix en Tijuana también figura como socio el hermano del gobernador, y que hace año y medio cuando el de la voz y Benjamín tenían una muy buena amistad, le comentaba que había una gran amistad con el gobernador Ruffo Appel”.
Inmunidad institucionalizada El expediente señala que, bajo el amparo del gobierno local, los sicarios y escoltas al servicio de los Arellano Félix portaban credenciales oficiales vigentes de la Policía Judicial del Estado de Baja California que los acreditaban falsamente como agentes del orden.
“Inclusive, Benjamín le ofreció al declarante que si quería algunas credenciales de la judicial de Baja California se las puede conseguir con el procurador, ya que con este también existe una gran amistad con los Arellano Félix. Es más, al declarante le mostró en ese entonces una credencial de la judicial estatal con el cargo de comandante y fue cuando le ofreció que le podía conseguir una, pero el de la voz se negó”, señala el expediente.
“El Chapo” detalló que el propio Benjamín Arellano Félix gozaba de tal impunidad que viajaba con oficios de comisión autorizados y sellados por las jefaturas policiacas de Baja California, e incluso intentó venderle credenciales de la corporación estatal para facilitarle el libre tránsito por la región norte.
“Que además de la credencial que portaba Benjamín, también tenía un oficio de comisión dirigido al director de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa, por lo que Benjamín llevó ese documento para que se lo sellaran, y en ese oficio efectivamente aparecía el sello de la Policía Judicial estatal; que de lo que se pudo percatar fue que cuando estaba con los hermanos Arellano Félix éstos le ordenaban a sus ayudantes que se comunicaran con algún comandante de la judicial estatal”.
Todo este caso sigue su curso y por supuesto que en el centro de la investigación se encuentra Ingemar S.A. de C.V., empresa relacionada con Ernesto Ruffo Appel y señalada por la FGR como una pieza clave dentro del presunto esquema de contrabando de hidrocarburos.
De acuerdo con las investigaciones, la compañía habría introducido más de nueve millones de litros de gasolina durante 2025 y aparece vinculada a diversos aseguramientos realizados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La fiscal general Ernestina Godoy
informó que Ernesto Ruffo Appel y otras 24 personas son investigadas por integrar una organización dedicada al contrabando de combustible y a la delincuencia organizada.
Según explicó, la red introducía hidrocarburos mediante declaraciones falsas o incompletas, reportando menores cantidades de las realmente transportadas o registrando la gasolina y el diésel como si fueran otros productos para evadir el pago de impuestos.
La investigación federal reconstruyó un mecanismo que comenzaba desde las refinerías de Texas, Estados Unidos.
Los cargamentos ingresaban a México por las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas, utilizando carros tanque de ferrocarril.
Además, en la documentación aduanera se hacía pasar la gasolina por desperdicios de combustible, aceite quemado u otros residuos, lo que permitía reducir o evitar el pago de contribuciones fiscales.
La fiscal Ernestina Godoy reveló que entre enero y julio de 2025 fueron detectadas 4 mil 238 operaciones de importación relacionadas con esta estructura.
La investigación también estableció que la organización utilizó 162 carros tanque de ferrocarril para movilizar los cargamentos.
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