ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Desde que inició su carrera en el sector judicial, se ha distinguido por su improductividad, nulo profesionalismo y “mano blanda” hacia sus colaboradores, quienes lo consideran un jefe “muy barco”, al grado de que, en horas de trabajo, han grabado videos para la plataforma Tik Tok, a fin de entretenerse a espaldas del jurista.
, actual titular de la Fiscalía General de la República (FGR), el ministro de 51 años de edad se ha visto envuelto en escándalos donde se le ha demostrado que prácticamente sin trabajar, ha ganado “jugosos” salarios. Incluso en alguna ocasión salió a la luz pública que percibía un sueldo superior al del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin duda, un caso de pleno “favoritismo”.Esto último se pudo demostrar con documentos oficiales, cuando fue Fiscal Anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX).
De acuerdo con un oficio emitido en 2019 por la Dirección General Administración, el magistrado ganaba 113 mil 933 pesos mensuales netos, mientras que “oficialmente” Andrés Manuel López Obrador, percibía 108 mil 305.51 pesos.
En los tres meses que llevaba en el cargo, Espinoza Betanzo también conocido por sus allegados como “El Moroco Topo”, había registrado una baja productividad.
En el mismo documento DGA/912/2019 refiere que desde el 7 de junio y hasta el 9 de agosto de ese año, se le habían asignado 69 casos para su estudio y resolución, de los cuales, solo cinco asuntos fueron aprobados en el pleno.
“Desde que ocupa el cargo, hasta el día de hoy, ha listado para ser sesionados por el Pleno Jurisdiccional cuatro asuntos en el mes de junio, dos en el mes de julio y dos en el mes de agosto, conformando un total de ocho proyectos de resolución presentados como proyectos de resolución”, reportó la Secretaría de Acuerdos Adjunta de Sección Especializada de la Sala Superior.
En el informe de actividades de la Sala Superior se reportó que en junio 2019 había 58 casos pendientes para elaborar proyectos y lo mismo ocurrió en julio con otros 57 casos. Y el colmo, ambos reportes fueron firmados por el mismo Espinosa Betanzo.
Cabe recordar que en septiembre de 2012, Ernestina Godoy, entonces diputada local por el extinto PRD, contrató a Espinoza Betanzo en el Congreso de la Ciudad de México como Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política.
Después, el 6 de diciembre, ya en la procuraduría local, lo nombró Subprocurador de Planeación, Coordinación Interinstitucional y Derechos Humanos, cargo en el que no hizo absolutamente nada, más que encerrarse en su oficina a tomar café con galletas, de acuerdo con el testimonio de algunos de sus ex colaboradores, quienes se burlan de él constantemente.
En mayo, fue propuesto para la llamada sala anticorrupción o Especializada en Responsabilidades Administrativas. En junio comenzó labores, de las cuales se volvió a destacar por su improductividad.
El material terminó circulando en redes sociales, sobre todo en TikTok, con fines comerciales. Lo que siguió fue rápido: críticas, una tarjeta informativa de la Corte y dos cartas de renuncia irrevocable.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación aclaró que ni el Alto Tribunal ni el ministro Irving Espinosa Betanzo autorizaron las grabaciones.
En su tarjeta informativa, la institución pidió retirar el material de inmediato y confirmó que los videos dejaron de aparecer en las cuentas donde habían sido publicados.
La Corte también dejó en claro que cualquier uso comercial o de promoción privada dentro de sus instalaciones requiere autorización expresa conforme a la legislación vigente. Ese permiso nunca existió.
Las dos empleadas presentaron su renuncia con efectos inmediatos. La SCJN abrió una investigación administrativa interna para determinar si hubo uso indebido de espacios, tiempo laboral, mobiliario o recursos institucionales.
El alto tribunal actuó en horas, no en días, lo que marca un contraste con otros casos donde la respuesta institucional tardó semanas.
La identificación pública de las involucradas ha sido parcial en varios medios, aunque distintas coberturas coinciden en su adscripción a la ponencia del ministro Espinosa Betanzo.
Usar un recinto público para producir material con valor comercial sin permiso tiene consecuencias administrativas, y en este caso las tuvo.
El penoso episodio llegó en un momento en que la nueva integración del tribunal cargaba con un escrutinio más áspero de parte de la prensa. Cada tropiezo interno se midió –y se sigue midiendo- contra el discurso de renovación con el que arrancó esta etapa de la Corte.
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