octubre 15, 2024

Periodistas Sin Censura

La Otra Cara de la Noticia

Ahorcan A Viejto En El Hospital Español, Para Despojarlo De Sus Bienes

 
*La víctima tenía un edificio en la alcaldía Azcapotzalco, valuado en más de 60 millones de pesos
*Hay tres carpetas de investigación que al momento no se han consignado porque las autoridades de justicia se han negado a investigar el caso
 
 
 
 
*Un notario público, un trabajador social y dos enfermeras del Hospítal Español, están involucrados en el crimen 
 
 
 
 
Juan Bermúdez/Reportero
 
 
 
Un hombre de 94 años de edad, nacido en España, pero nacionalizado mexicano, fue asesinado presuntamente por un par de enfermeras dentro del Hospital Español, quienes fueron pagadas por una pequeña cofradía conformada por un trabajador social de dicho nosocomio, el padre de éste así como por un notario público, para despojarlo de un amplio edificio ubicado en la colonia Clavería, alcaldía Iztacalco.
 
 
 
Cabe señalar que la víctima. identificada como  Ángel Cibrián Lueso estuvo casado bajo separación de bienes con Carmen Oruña Zorrilla.
 
 
 
                                                                     
El hecho ocurrió el 6 de junio 2011 y quedó asentado en tres carpetas de investigación interpuestas ante la Fiscalía General de Justicia capitalino, que no han procedido de ninguna forma, por órdenes de una jueza y una magistrada que trabajan en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
 
 
 
Desde hace 11 años, los abogados Fernando y Oscar Sandoval han llevado el caso; sin embargo, desde hace siete meses se han encontrado con un sin fin de obstáculos que les han interpuesto en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, lo cual ha provocado que prácticamente se quedaran sin herramientas jurídicas para continuar con el litigio y las carpetas de investigación se “empantanaran”
 
 

De acuerdo con los informes proporcionados por los representantes legales, Ángel Cibrián Lueso se internó a territorio nacional exiliado por la guerra civil en España, su país de origen. 
 
 
 

Montó su residencia en la capital del país, en donde adquirió un terreno en la colonia Clavería y construyó un edificio compuesto de un local comercial en la planta baja, un mezzanine, tres departamentos de tres recámaras, y tres departamentos de dos recámaras, en total, cuatro pisos, todo ello valuado en más de 60 millones de pesos.
 
Debido a la avanzada edad de ambos, solicitaron asilo ante la Fundación de Beneficencia Española, I.A.P., al que pertenece el Hospital Español. Para obtener la autorización del asilo, tuvieron que pasar por un estudio socioeconómico que fue practicado por el trabajador social Pablo Mirantes Suárez. 
 
 
 
 
 Al enterarse que Ángel Cibrián Lueso era propietario del edificio ubicado en la calle de Begonias 63, colonia Clavería, en la alcaldía  Azcapotzalco,  y que estaba casado por separación de bienes y no tenía descendencia, le presenta a su hijo José Julián Mirantes López, según él, como administrador de inmuebles. Los presenta Pablo Mirantes Suárez, y Don Ángel decide contratarlo como administrador del edificio.

 
 
 
José Julián Mirantes López entregaba mensualmente a Ángel Cibrián Lueso la cantidad de 40 mil pesos a través de cheques de la cuenta de José Julián. Esta cantidad de dinero le servía a Don Ángel para pagar el asilo de él y de su esposa, así como su manutención mensual.

 
 
Resulta que Ángel Cibrián Lueso le habla a su amigo de toda la vida Diego Ricardo Salceda y de Tomás, y le comenta que tenía el presentimiento de que José Julián Mirantes López había hecho maniobras turbias con su edificio, ya que le había solicitado las escrituras del edificio, según él, para realizar trámites como pago de agua, impuesto predial, consumo de energía eléctrica, etc.

 
 
Diego Ricardo Salceda y de Tomás contacta al licenciado Fernando David Sandoval Calderón y concierta una cita entre este y Don Ángel, en el mes de agosto de 2010. Ángel le comenta al licenciado Sandoval la situación de que José Julián había hecho algo con su edificio porque Don Ángel le pedía insistentemente que le devolviera las escrituras de propiedad del edificio y José Julián siempre se negaba.

 
 
El licenciado Fernando Sandoval acude ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, a solicitar información con respecto al edificio de Begonias 63, percatándose que se había constituido el régimen de propiedad en condominio y compraventas con respecto al local comercial y a cada uno de los departamentos. Solicita la información documental y le informa a Don Diego que cuenta con la documentación para demostrar que José Julián, en su representación, había adquirido el edificio casi completo, esto es, él vendió y él se compró.

 
 
Para ello, contó con todo el apoyo del licenciado Ponciano López Juárez, notario 222 de la Ciudad de México, presidente del Colegio de Notarios hasta febrero de 2022.

 
 
 
Esto es, el notario otorgó el 27 de noviembre de 2007, un poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio que otorgó supuestamente Ángel Cibrián Lueso a José Julián Mirantes López y su esposa María del Rocío Menéndez Rodríguez, dando fe de que Don Ángel solicitó a una persona que conoció ese mismo día en la notaría para que firmara a su ruego el poder y, además, dio fe de que Don Ángel puso su huella del dedo derecho. 
 
 
 
 
Resulta sorprendente que el notario, de noviembre de 2007 a julio de 2008, constituyó el régimen de propiedad en condominio y las siete compraventas.

 
 
 
Julián, con ese poder falso o apócrifo, celebró las compraventas del edificio a su favor, sin dejar de entregar hasta el día de su muerte los 40 mil pesos mensuales.

 
 
 
Sin embargo, es sorprendente toda esta historia, ya que Don Ángel el 14 de febrero de 2008, acudió físicamente a la notaría 220 a otorgar su testamento, nombrando como su único y universal heredero y albacea a Diego Ricardo Salceda y de Tomás. Obvio es que de esto tuvieron conocimiento José Julián Mirantes López y el notario 222 y teniendo conocimiento que el licenciado Sandoval ocurría de forma frecuente al asilo, simulan una bronconeumonía para que el 03 de junio de 2011 lo internen al hospital y el día 06 lo asesinan presuntamente dos enfermeras, una de ellas identificada como Martha “N”,dentro de una habitación del Hospital Español.
 
 
 
Los resultados de la necropsia de ley que se le practicó a la víctima, revelaron que el adulto mayor no murió por causas naturales, sino que fue asesinado por estrangulamiento, e incluso, tenía las vértebras cervicales fracturadas.

 
 
 
Esta noticia es confirmada por los médicos forenses del INCIFO, quienes practicaron la necropsia de Don Ángel y determinaron que tuvo fracturas de las cervicales sexta y séptima con distinción medular, contando Don Ángel hasta el día 06 de junio con 94 años. 
 
 
 
 
Además, encontraron falta de epidermis en codos y rodillas de Don Ángel, lo que significa que opuso resistencia, a pesar de que estaba sedado con benzodiacepinas del 03 al 06 de junio de 2011. Así aparece en la historia clínica del Hospital Español.

 
 
 
Esto originó el inicio de la averiguación previa FMH/MH-1/T1/00788/11-06-B y sus acumuladas FSP/B/T1/1672/11-07 y FMH/MH-2/T1/1525/12-11, la cual, a la fecha, no se ha determinado a pesar de que hay una orden de estudiarla con respecto al homicidio.

 
 
 
También, se dio inicio al juicio de nulidad de escrituras en el Juzgado 19º Civil de la Ciudad de México, en el expediente 1117/2015 y posteriormente 20º Civil en el 360/2017, seguido por Diego Ricardo Salceda y de Tomás y en su carácter de albacea, único y universal heredero a bienes de Ángel Cibrián Lueso.

 
 
 
Se demostró en este juicio que la huella dactilar que dio fe el notario público 222 resulta ser una plasta de tinta y no una huella atribuible a Don Ángel.

 
 
 
Es el caso que el 26 de enero de 2022 finalmente se dicta sentencia definitiva en el juicio civil, es decir, después de 7 años de litigio, sin embargo, desde este mes hasta agosto de 2022, la jueza 20ª Dra. Yolanda Morales Romero, no envía el expediente a la 7ª Sala Civil el expediente completo, demostrando todavía su parcialidad hacia el notario público 222, pues junto con la Sala, han retardado de forma deliberada el trámite del juicio ordinario civil, específicamente, la magistrada Josefina Rosey González.

 
 
 
Esto se ha denunciado penalmente y no hay éxito alguno, como tampoco la queja hecha directamente ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez. 

 

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